Agua 2050: treinta años para lograr la excelencia
Francisco Lombardo, presidente del Foro de la Economía del Agua
La presentación del proyecto colectivo «España 2050» impulsado por el Gobierno supone un importante ejercicio de reflexión para establecer las bases que deben regir el futuro del país. Treinta años es un plazo sensato para poder establecer líneas de trabajo sólidas, basadas en previsiones fiables, pero a la vez es un periodo razonablemente largo para contar con un margen de actuación que permita poner en marcha acciones con resultados medibles.
La gravedad de la crisis climática, ya irrefutable, hace imprescindible que la sostenibilidad aparezca en el centro de esta estrategia, que pretende trascender lo inmediato para resolver los desafíos tanto del presente como del futuro. La justificación para trabajar por la preservación del medio ambiente ya no es solamente el deseo de dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones, simplemente se ha convertido en una emergencia: si no se toman medidas, se pone en riesgo la propia supervivencia de la humanidad.
El agua es uno de los recursos fundamentales para los que se requiere una intervención urgente, que no es lo mismo que precipitada. Según los datos de los que disponemos, la transición climática que viviremos en las próximas décadas cambiará la forma en la que debemos gestionar los recursos hídricos, y España será uno de los países de Europa que más verá reducida su disponibilidad de agua dulce. Paralelamente, la demanda se verá incrementada por el aumento de las temperaturas. Este pronóstico requiere una toma de decisiones rápida y decidida, desde una perspectiva integral que englobe a legisladores, administraciones públicas e iniciativa privada y que permita la puesta en marcha de acciones concretas.
El cambio climático supondrá inexorablemente más sequía y el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos como las lluvias torrenciales, por lo que conseguir otras vías de obtención del agua es imprescindible. Por ello, el objetivo final de esta estrategia debe ser la reducción de la dependencia del clima, mediante la aplicación de nuevas tecnologías, la implantación de políticas públicas, y la adecuación de la legislación. Todo ello desde un enfoque integral y asumiendo que hablamos de una estrategia de país.
El papel de la tecnología y la industria
En la actualidad, contamos con desarrollos tecnológicos que permiten aumentar al máximo la eficiencia para evitar casi por completo las pérdidas de abastecimiento. Junto a ellos, disponemos ya de soluciones innovadoras de producción de agua dulce mediante la recuperación de aguas contaminadas y salinizadas. Por lo que respecta a la red pública, la innovación también se está aplicando en el desarrollo de sistemas que permiten evaluar la calidad del agua a la salida de las estaciones de tratamiento de aguas y las depuradoras, así como a la mejora de las infraestructuras de abastecimiento urbano y riego.
Tenemos las herramientas para hacerlo, y, sin duda, tendremos más en el futuro. Así, aparte de la mejora de procesos para incrementar el ahorro de agua, la industria puede dar un paso más y pasar de ser extractora a convertirse también en productora y regeneradora de agua. Esta es la base en la que debemos trabajar en los años venideros hasta conseguir configurar la industria del agua renovable.
Políticas públicas que incentiven el ahorro de agua
Estos desarrollos innovadores deben, además, ir de la mano de políticas públicas encaminadas a adecuar la gestión de los recursos hídricos a la menor disponibilidad del agua. Una medida de gran utilidad sería la incorporación de herramientas de regulación que obliguen a medir la huella hídrica en todas las actuaciones de la administración pública, una variable que podría también convertirse en un criterio de valoración para determinar posibles adjudicaciones.
Otras iniciativas interesantes son la promoción de la reutilización y la desalación del agua en condiciones asequibles, mediante una gestión integrada de todos los recursos del sistema; la puesta en marcha de una estrategia de recuperación y conservación de ríos y acuíferos; o el impuso de medidas que incentiven la devolución de agua con parámetros de calidad adecuados.
Una legislación basada en la recuperación de costes
A nivel legislativo, sería conveniente modificar el régimen económico y financiero de la Ley de Aguas, basándose en los principios de recuperación de costes, con la máxima de «quien contamina paga». Su objetivo sería incrementar el nivel de recuperación de las inversiones públicas, estableciendo tributos sobre ciertos usos de agua más perjudiciales para el medio ambiente, de modo que el coste del servicio permita cubrir los gastos derivados de la adecuación y modernización de las infraestructuras.
Estrategia de país: alianzas
Todas estas acciones están encaminadas a desarrollar una estrategia país en torno al agua que permita situar a España como un referente global en la forma de gestionar los recursos hídricos. Esta estrategia deber ser necesariamente multisectorial y multinivel, ya que requiere del compromiso de todos los actores, públicos y privados, implicados en el equilibrio hídrico, así como de la colaboración con otros sectores esenciales como el energético o el agroalimentario. El reto tiene tal dimensión y es tan imprescindible su logro, que requiere una sólida alianza entre las administraciones publicas, las universidades, las empresas y la sociedad civil: solo con el concurso de todos será posible alcanzarlo.
Las tres décadas que tenemos por delante hasta 2050 son tiempo suficiente para convertir a España en un ejemplo mundial en gestión del agua, y convertir el reto de su escasez en una oportunidad para lograr la excelencia en el equilibrio hídrico. Ya hemos diseñado el camino, ahora solo queda recorrerlo.
