Varapalo del Constitucional a las multas del Ayuntamiento de Madrid
Una sentencia de la Sala Segunda anula una multa de 200 euros con detracción de 4 puntos impuesta por una infracción captada por el sistema foto-rojo, al tiempo que declara vulnerado el derecho a la legalidad sancionadora establecido en el Art. 25.1 de la Constitución
Según Automovilistas Europeos Asociados (AEA) , una reciente sentencia judicial dictada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional y publicada en el BOE vuelve a poner en entredicho las sanciones de tráfico que desde hace años viene imponiendo el Ayuntamiento de Madrid, anulando una sanción de 200 euros con detracción de 4 puntos impuesta por rebasar en fase roja un semáforo situado en la Avenida Cardenal Herrera Oria.
Los hechos ocurrieron en verano de 2009, antes de que entrara en vigor el nuevo cuadro de multas que sanciona esta infracción con una cuantía única de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir. Sin embargo, el Ayuntamiento impuso la sanción aplicacando un «ininteligible» cuadro de claves para calificar la infracción y graduar su importe.
En el fundamento de la sentencia, el alto Tribunal considera que la actuación municipal vulneró el principio constitucional de legalidad, «al imponer una sanción de multa de cuantía fija, con fundamento en una clave que resulta ininteligible en los términos en que fue notificada, carente de cobertura legal, lo que en suma determina la vulneración del art. 25.1 CE invocado».
De ahí que el Tribunal otorgue el amparo solicitado al afectado y anule no solo la sanción, sino las resoluciones judiciales dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 24 de Madrid, que la confirmaron.
Esta nueva resolución se suma a un rosario de sentencias que evidencian falta de garantías del sistema utilizado por el Ayuntamiento de Madrid para imponer sanciones de tráfico, en particular las refieridas a infracciones por rebasar los semáforos captadas por el sistema foto-rojo.
Según AEA , «el Ayuntamiento de Madrid debería revisar de oficio todos los expedientes sancionadores por multas de tráfico que se han tramitado ilegalmente en los últimos 5 años, y acometer la revisión y control metrológico de todos los sistemas de captación automatizada de infracciones, en particular los de foto-rojo y los radares de velocidad, continuamente cuestionados por los tribunales».
