La justicia paraliza el futuro Madrid
Los tribunales mantienen en el aire los grandes proyectos que planean sobre la ciudad
A la operación Canalejas le está costando despegar. Ayer, el grupo Villar Mir tuvo que ordenar a los operarios que trabajaban en el gran socavón flanqueado por las calles de Alcalá, Sevilla y Carrera de San Jerónimo que parasen las máquinas. Pasadas las 9.30 de la mañana, el secretario judicial llevó a los responsables de la operación, a pie de obra, la instrucción de suspensión de las actuaciones. El escrito judicial, apuntaron fuentes de OHL –promotora del proyecto–, contempla la posibilidad de acordar el levantamiento de la suspensión con la entrega de un aval, procedimiento que llevarán a cabo para continuar con la obra. No especificaron la cuantía económica. Comentaron desde esta filial de Villar Mir que no habían recibido ni la demanda ni el auto y que, por tanto, no conocían «los argumentos de la suspensión de las obras», ni siquiera si formaban parte de ellos. Lo que es un hecho, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), es que el próximo 11 de diciembre el juez ha emplazado a las partes a una vista de contradicción de la que emanará una resolución definitiva.
El juzgado de Primera Instancia número 54 aceptó el pasado 9 de octubre una demanda de R&A Palace Gestión, empresa que fallidamente quiso hacerse con el complejo, contra Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio, el grupo Villar Mir, Obras con Huarte Lain (que figura en la demanda como dueño, según el juez) y el Ayuntamiento, solicitando la suspensión inmediata de las obras por daños al patrimonio.
La Operación Canalejas estaba paralizada parcialmente (un 10%) desde el 26 de marzo. El Área de Urbanismo y Vivienda (entonces, en manos del PP) detectó el pasado febrero en una visita a las obras que había destruido algunos de los elementos ubicados en la zona, declarada Bien de Interés Cultural . Se encontraban en la primera crujía de los edificios de la calle de Alcalá, 14, y la plaza de Canalejas, 1. Esa demolición excedía lo autorizado en la licencia municipal y afectaba, según el expediente de denuncia al que tuvo acceso ABC, a pilares interiores, vigas, carreras de apoyo, forjados, entrevigados y una escalera. El Ministerio Fiscal investiga estos hechos, que podrían afectar también a la consecución del desarrollo. Posiblemente, Villar Mir sea sancionado por los destrozos.
Canalejas no es el único gran proyecto urbanístico sobre el que la justicia ha actuado por un planeamiento cuestionado de los anteriores gobiernos de la ciudad y que está en vilo. El TSJM tumbó el pasado abril la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid, que permitía la ampliación del estadio Santiago Bernabéu sobre suelos públicos en el paseo de la Castellana, la construcción de un hotel de lujo, un centro comercial y un aparcamiento subterráneo privado.
«Desviación de poder»
Dos particulares y Ecologistas en Acción denunciaron la permuta que pretendía hacer el Ayuntamiento, entonces del PP, con el Real Madrid, por «atentar contra el interés general de la ciudad». El primero le entregaba los aparcamientos de la Castellana que están a los pies del estadio a cambio de unos terrenos que daba el club a la administración local a las afueras de Valdebebas. Esta operación, tal y como estaba prevista, ha quedado anulada al entender al justicia que había «desviación de poder».
La operación Mahou-Calderón , que se iba a iniciar este 2015, está en el limbo. El Atlético sueña con demoler su estadio –y por fin trasladarse a La Peineta–, soterrar la M-30, construir ocho torres de entre ocho y 20 plantas, dos rascacielos de 36 pisos, además de 2.000 viviendas; pero sigue en el aire. Desde 2012, el TSJM ha frenado dos veces su arranque, por los rascacielos. La última vez, en abril de este año. El pasado mes de julio, el Alto Tribunal madrileño ordenó la paralización cautelar de la actuación tras la demanda de Ecologistas en Acción , que solicitaba la suspensión de la ejecución del Plan Parcial por no ajustarse a las necesidades reales de los vecinos. Esta operación depende ahora de la decisión del Tribunal Supremo, a través del recurso presentado por el Atlético y Mahou, ya que el Ayuntamiento no recurrirá , aunque anunció inicialmente que lo haría.
Torre Arias, sin efecto
El Gobierno de Ana Botella se hizo con la Finca de Torre Arias (San Blas-Canillejas) en 2012, cuando falleció su dueña; y, dos años más tarde, aprobó un Plan Especial para modificar de nuevo el PGOU y ceder la finca a la Universidad de Navarra, que allí instalaría su sede en la capital. Ese proyecto estipulaba la posibilidad de tirar parte de las construcciones históricas existentes y levantar edificaciones nuevas en su interior. Los vecinos recurrieron judicialmente este proyecto. La Universidad de Navarra renunció a la finca ante tal panorama y, en febrero, el TSJM dictaminó la suspensión . El Consistorio recurrió, pero en marzo se desestimó y el Ayuntamiento fue condenado al pago de las costas.
La operación Chamartín , conocida ahora como Distrito Castellana Norte, también estuvo bajo el yugo judicial. En abril, el Supremo revocó , «por falta de motivación», una sentencia del TSJM de 2013 que anulaba parte del proyecto del plan de 2011. El Alto Tribunal madrileño aducía entonces que contravenía la Ley del Suelo de 2007 , situaba la lupa en la construcción de rascacielos, ya que no permitía edificar con altura superior a tres plantas más ático, salvo edificios singulares cuando concurriesen circunstancias especiales.
Contra esta sentencia, el Consistorio y las entidades Desarrollo Urbanístico Chamartín, Renfe-Operadora, y ADIF recurrieron en casación ante el Supremo. El TSJM volvía a prohibir en junio la construcción de las torres, pero ese dictamen no afecta al nuevo proyecto de la operación Chamartín, donde se subsanaron los puntos que ponían en peligro su desarrollo.
Ahora, solo depende de que el gobierno local de Manuela Carmena le dé luz verde para comenzar a construir.
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