Leguina, Gallardón y González cesarán del Consejo Consultivo «pese a su encomiable labor»

Un cuerpo de entre siete y once letrados, funcionarios de carrera adscritos a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, sustituirá al Consejo Consultivo regional . Serán nombrados por decreto del Gobierno de Cristina Cifuentes , deberán tener más de diez años de antigüedad y desempeñarán su función por seis años, pudiendo volver a ser nombrados por periodos sucesivos. Formarán la nueva Comisión Jurídica Asesora , órgano que sustituye al Consejo Consultivo asumiendo la función consultiva de la Comunidad.

El proyecto de ley de derogación del Consejo Consultivo fue remitido ayer por el Gobierno a la Asamblea regional, con la petición de que sea debatida por lectura única, sin posibilidad de enmiendas de la oposición . Probablemente, el Pleno apruebe la extinción del Consejo en su primera reunión de octubre.

El texto legal recoge que el Consejo Consultivo, donde se sientan los expresidentes Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González , quede derogado el día siguiente de la publicación de la ley en el Boletín Oficial. El personal cesará )el mismo día de entrada en vigor de la presente ley», recoge el documento. Los funcionarios con plaza serán reubicados.

«A pesar de la encomiable y rigurosa labor que ha desempeñado», el Ejecutivo de Cifuentes dispone la derogación por ley del Consejo Consultivo «con el fin de racionalizar la Administración con un menor coste para los ciudadanos» y «sin que ello suponga una merma» de sus derechos ni «de los principios de imparcialidad e independencia que rigen el funcionamiento de la Administración Pública».

Está previsto en la ley que, además de la Comisión Jurídica Asesora, otro órgano ya existente, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, asuma las funcione en materia de transparencia , acceso a la información pública y buen gobierno. Este tribunal es el competente para iniciar, instruir y proponer los procedimientos administrativos de sanción por las infracciones que puedan cometer los altos cargos de la Comunidad en materia de buen gobierno. La imposición de sanciones, en todo caso, corresponde a la Presidenta regional.