La nueva vida de los expresidentes
Leguina, Gallardón y González, molestos con el cierre del Consejo Consultivo, buscan nuevas salidas profesionales
Joaquín Leguina (Villaescusa, Cantabria, 1941) tiene derecho a una pensión de 3.000 euros mensuales, pero a sus 74 años se resiste a jubilarse. «En la medida en que pueda trabajar intelectualmente o de otra forma no quiero retirarme. Sé algunas cosas y creo que puedo seguir siendo útil», afirma el primer presidente de la Comunidad de Madrid (1983-1995). Leguina respira dolido por la creencia extendida de que el Consejo Consultivo no es más que el «retiro dorado» de expolíticos. Pero tiene «completamente asumido» el cierre inmediato del que ha sido su lugar de trabajo diario desde 2008, en el número seis de la Gran Vía. «Ya está. No estoy en absoluto de acuerdo pero está decidido y no tiene vuelta atrás» , dice al teléfono. Mientras se aprueba la liquidación del Consejo en la Asamblea, prevista para octubre, se muestra resuelto en buscarse una nueva salida profesional, que seguirá compatibilizando con sus tertulias políticas y su puesto «no remunerado»como presidente del Consejo Social de la Universidad de Alcalá de Henares. También tiene un par de libros en cartera, «aunque, como se sabe, las editoriales españolas pagan de aquella manera...». Y no descarta recalar en la empresa privada o en algún otro ente público.
El político socialista es el único de los tres expresidentes que se ha pasado este verano por la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol para abordar con Cristina Cifuentes el cierre del órgano consultivo, cuyo ahorro supondrá 2,3 millones de euros, según el Ejecutivo madrileño. La nueva presidenta regional le trasladó su compromiso de buscar «una salida digna» a quienes ostentaron la máxima representación institucional de la Comunidad. « No se les puede dejar tirados», afirmó Cifuentes a este diario reafirmando su plan de elaborar un estatuto específico para los expresidentes. Podrían tener derecho a una remuneración básica, nada que ver con los 5.525 euros que perciben al mes como miembros natos del Consejo Consultivo (100.560 euros brutos al año). O, lo que es más probable, se les mantendrá abierto un despacho, tal vez con secretaria, como tienen los expresidentes de otras comunidades autónomas.
Otro que estos días ha empezado a recoger sus bártulos de la tercera planta del solemne edificio que les cobija es Alberto Ruiz-Gallardón (Madrid, 1958). El expresidente de la Comunidad entre 1995 y 2003 recaló allí tras abandonar el Ministerio de Justicia justo ahora un año. El anuncio de Mariano Rajoy de que retiraba su propuesta de Ley del aborto le empujó fuera de la política . Y «no tiene ninguna intención de regresar», según un estrecho colaborador. Poco después de ingresar en el Consejo Consultivo, Ruiz-Gallardón solicitó que se le compatibilizara su nueva función con el ejercicio de la abogacía, y el Gobierno se lo concedió en enero. Desde entonces, el exalcalde de Madrid, fiscal de carrera en excedencia, ha prestado sus servicios jurídicos en un despacho de la capital. «Alberto tiene una amplia formación jurídica y da asesoramiento en informes a quien se lo solicita», señalan en su círculo más cerrado, que confirma que en estos meses ha desechado suculentas ofertas del mundo privado. «No trabaja para nadie en concreto, no tiene exclusividad», aseguran, al tiempo que apuntan a que el exministro maneja nuevas opciones en el corto plazo, ahora que acaba su etapa en el Consejo Consultivo madrileño.
Entretanto, Gallardón mantiene su vinculación contractual con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) , donde este curso pasado ha ofrecido un ciclo de clases magistrales para alumnos a distancia. Adscrito al Departamento de Procesal de la Facultad de Derecho, su labor se ha centrado en el análisis de jurisprudencia reciente. Por si fuera poco, ha sido nombrado presidente de la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva) y en primavera fichó por «Thinking Heads», una agencia española especializada en el «posicionamiento» de líderes del pensamiento en todo el mundo.
Tampoco le faltan «novias» a su agenda internacional . Por ejemplo, acaba de regresar de México, donde el pasado 26 de agosto participó en el Foro Banorte Estrategia México 2015 y suele cruzar el charco con asiduidad. Su puerta de regreso a la política está cerrada a cal y canto. «Está totalmente desconectado, no quiere saber nada», dice un amigo suyo.
«Quemados» con la alta política
En la misma situación de hastío con la que ha sido su profesión se encuentra Ignacio González (Madrid, 1960), el último expresidente en apuntarse al Consejo Consultivo. Lo hizo en junio, nada más salir del Ejecutivo madrileño, aunque apenas ha tenido tiempo de pisar la oficina de Gran Vía. «Está en su derecho», justificaron sus colaboradores. «Quemado» tras su salida por la puerta de atrás al apartarle Rajoy de la carrera electoral en favor de Cristina Cifuentes, González se ha tomado un mes de vacaciones para descansar en la playa , en su ático de Estepona (Málaga). Acaba de regresar a Madrid y ya tiene en mente sus opciones de salida, pero ha dado órdenes a los suyos de no airearlas.
El expresidente tiene plaza por oposición de funcionario del Cuerpo Técnico Superior en el Ayuntamiento de la capital, pero descarta reingresar como alto empleado público a las órdenes de Manuela Carmena. Tras dejar la Puerta del Sol, ha rechazado dos ofertas de la empresa privada . González todavía no sabe a qué se dedicará en el futuro inmediato, aunque según ha podido saber ABC su idea sería emprender alguna aventura empresarial por su cuenta.
Lo que está claro es que Gallardón y González no tendrán muchas opciones de cruzarse en el pasillo que separa sus despachos de la tercera planta de Gran Vía. El Gobierno de Cifuentes aprobó el pasado martes el proyecto de ley que deroga el Consejo Consultivo y está previsto que el texto llegue esta próxima semana a la Asamblea regional. Si se cumplen las previsiones, el Pleno de la Cámara podría aprobar su extinción en su primera sesión plenaria del jueves 17 de septiembre, en procedimiento abreviado. Tras su publicación en el Boletín Oficial, el Consejo Consultivo tendrá veinte días para extinguirse.
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