La propuesta de c's
Telemadrid: un Consejo más reducido y nombrado por asociaciones del sector
PPy Ciudadanos trabajan en un pacto que impida a la izquierda hacerse con el control del órgano rector del ente, que pasará de 9 a 7 miembros
Los grupos de la Asamblea se preparan ya para la primera gran batalla política del nuevo curso: Telemadrid . Ciudadanos ha sido el primero en mover ficha con la remisión al resto de partidos de un documento con su propuesta de reforma para «despolitizar y profesionalizar» la radio televisión pública , sobre el que los cuatro grupos de la Cámara profundizarán en una reunión convocada para este jueves 27 de agosto. La formación de Ignacio Aguado propone reducir de nueve a siete el número de personas que integran el Consejo de Administración del ente público, encargado de controlar los contenidos y de elegir al director general.
Los populares apoyan esta reducción del órgano rector, que arrebataría a la izquierda –PSOE y Podemos– la mayoría que las elecciones del 25 de mayo le otorgaron en el órgano rector de Telemadrid , pero de la que no han podido disponer después de que PPy Ciudadanos bloquearan en junio la renovación. El reglamento de la Cámara marca para «el inicio de legislatura» la obligación de recambio. Según el sistema de designación de los miembros del Consejo, PP y PSOE tienen derecho a elegir a tres cada uno, Podemos nombra a dos y C’s elige al último. En cambio, si se reduce a siete el reparto sería el siguiente: PP (3), PSOE (2), Podemos (1) y Ciudadanos (1). Una reforma de 2013 ya adelgazó de 18 a 9 el número de consejeros.
El partido de Albert Rivera quiere, en todo caso, dar un paso más allá para «sacar Telemadrid de las zarpas de la política», en palabras de Aguado , y no dejar la designación de los consejeros a merced de los grupos políticos de la Asamblea, como hasta ahora. Para ello, apuesta por que los nuevos consejeros sean propuestos por asociaciones de profesionales del sector como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) , la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión o la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión . Una vez compuesto el nuevo Consejo, sus miembros elegirán por una mayoría cualficada al director general, que tendrá un «perfil profesional» , algo en lo que sí están de acuerdo todos los partidos.
Objetivo: «despolitización» del ente
El pacto de investidura entre PP y Ciudadanos recoge, en su punto 44, la reforma de la actual Ley de Creación, Organización y Control del Ente Público Radio Televisión de Madrid , estableciendo criterios de «despolitización» y «profesionalización» y refuerzo de las mayorías en la designación del Consejo. De ahí que Cifuentes y Aguado argumentaran antes del verano que no tiene «ningún sentido» cambiar a los consejeros cuando se busca una reforma más profunda de Telemadrid . Cifuentes ya ha prometido «interferencias cero» en la radio televisión pública , lo que en sí supone asumir que hasta ahora ha estado determinada al control político, tal y como ha venido denunciando la oposición en los últimos años, marcados por u na sangría de espectadores que ha dejado a Telemadrid en un suelo de audiencia del 3,8 por ciento.
PSOE y Podemos han denunciado con vehemencia el bloqueo de PP y C’s para renovar el Consejo y ahora desconfían de la propuesta de reforma que, previsiblemente, llevarán juntos a la Cámara. Los socialistas tildan la reducción de consejeros de «maniobra» para, «mediante una pura fórmula matemática», seguir ejerciendo el control sobre Telemadrid , tal y como denuncia su diputada Isaura Leal , que insiste en que la única salida es pactar «un nuevo modelo de televisión que siga criterios de pluralidad, independencia y profesionalidad». También Podemos critica que se busque «un cambio de reglas en mitad de la partida» y opina que la reforma es «miope» si no se cambia el modelo de gestión. «Es insuficiente con cambiar solo al director de informativos, hay que hacer reformas mucho más allá, empezando por frenar la política de externalizaciones», sostiene Pablo Padilla , de Podemos.
El nuevo Consejo debe decidir qué hacer con los más de 800 trabajadores sometidos a un ERE en 2013, que la Justicia ha declarado «no ajustado a derecho».
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