Madrid dará una «acreditación» a los «sin papeles» para que puedan ir al médico

La Consejería de Sanidad se prepara ya para expedir una nueva «acreditación» sanitaria a los cerca de 150.000 inmigrantes que, se calcula, viven en la región en situación irregular. Este carné, que tendrá carácter personal y estará vinculado a su empadronamiento, les permitirá acudir a la Atención Primaria, es decir, al médico de cabecera, según confirmaron a ABC fuentes del departamento que dirige Jesús Sánchez Martos . Se les devuelve así un derecho al que se vieron privados en el verano de 2012, por orden del Gobierno central, cuando quedó aprobado el real decreto de «medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud». Desde entonces, se estima que unas 800.000 personas en toda España, que se hallan en situación ilegal, se quedaron sin tarjeta sanitaria, sin posibilidad de ser atendidas en un centro de salud. A estos pacientes sí se les ha garantizado la asistencia hospitalaria de urgencia , por enfermedad grave o accidente. Las embarazadas, los menores y las víctimas de trata han seguido estando plenamente cubiertas por la Sanidad española.

Ahora, el Ejecutivo de Cristina Cifuentes se prepara para acatar la nueva directriz del Ministerio de Sanidad que preside Alfonso Alonso  y que rectificará en parte la orden tramitada de urgencia para paliar la grave situación de déficit financiero que acuciaba al país el verano de 2012. El Ministerio anunció hace unos meses que, «por cuestiones de salud pública» y «para no saturar» las urgencias, se volverá a atender a los inmigrantes irregulares en los centros de salud. Deberán acreditar para ello su empadronamiento en la Comunidad , aunque las fuentes consultadas por este diario no especificaron si se exigirá un tiempo mínimo de residencia, como ocurre en otras regiones.

El grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea de Madrid lleva hoy al Pleno esta cuestión. En concreto, ha presentado una proposición no de ley por la que pide al Gobierno de Cifuentes tomar medidas urgentes, «en un plazo inferior a treinta días», para garantizar a este sector de la población «la atención sanitaria y farmacéutica» del Servicio Madrileño de Salud. El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad y ponente de la iniciativa, José Manuel Freire , incidirá en el mensaje de priorizar la «solidaridad»y la «equidad» en el acceso a la Sanidad de todas las personas frente a las «matemáticas». Sus estimaciones apuntan a que el gasto en recetas supondría un aumento de 2 millones de euros, del total de 900 millones que ya asume la Comunidad . Los socialistas madrileños ponen como referente las alternativas adoptadas en otras comunidades como el País Vasco, Asturias, Andalucía o Cataluña, que se negaron a aplicar el real decreto 16/2012.

El vuelco electoral ha favorecido un cambio drástico en la política sanitaria en regiones como la Comunidad Valenciana y Baleares, que han anunciado en los últimos días que darán la tarjeta sanitaria, con todas las prestaciones, a este grupo de población. La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, descarta devolverles la tarjeta, pero sí defiende una cobertura más garantista de la actual, con derecho al médico de familia. El Consejo Interterritorial de Sanidad del próximo día 29 podría abordar este asunto.