Cifuentes intenta amarrar el control de Telemadrid con un cambio de ley
La Asamblea elegirá por mayoría cualificada al consejo de administración de la cadena que, con el modelo actual, iba a estar en manos de la izquierda
Cristina Cifuentes , futura presidenta de la Comunidad de Madrid a tenor del pacto entre PP y Ciudadanos, cambiará la ley de Telemadrid para evitar que el control de la televisión pública caiga en manos de la izquierda. Como ya avanzó ABC, con la legislación actual el nuevo reparto de escaños en la Asamblea dejaría en minoría el número de consejeros que el PP puede proponer para el consejo de administración, encargado de controlar los contenidos y de designar al director general. Los populares podrían elegir así solo 3 nombres; el PSOE,otros 3; Podemos, 2, y Ciudadanos, 1. Ni siquiera el apoyo de este último partido permitiría a los populares decidir sobre el futuro de la televisión y la radio madrileñas.
Para evitarlo, el PP –con el apoyo de Ciudadanos– modificará la Ley 13/1984, de 30 de junio, de Creación, Organización y Control del Ente Público Radio Televisión Madrid. Telemadrid es una de las «patatas calientes» –marcada por el ERE de 829 trabajadores en 2013– heredadas de Ignacio González con las que tendrá que lidiar el nuevo Ejecutivo regional en los primeros compases de esta legislatura. Según ha podido saber ABC, el cambio de esta ley es una de las prioridades de Cifuentes y pretende que se produzca antes de que se constituya el nuevo consejo de administración del ente público.
Con esta modificación, la elección de los consejeros –actualmente 9, aunque se desconoce si variarán– y del director general será por mayorías cualificadas. Así consta en el punto 44 del documento definitivo que ayer firmó Cifuentes con el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado. Un acuerdo de 76 claves para que la formación naranja apoye la investidura de la candidata popular el próximo martes.
Ambos partidos estarían a favor de que los consejeros del ente público sean elegidos por el pleno de la Asamblea con una mayoría de tres quintos; es decir, por 77 diputados de los 129 como mínimo. El reparto de escaños es de 48 para el PP, 37 para el PSOE, 27 para Podemos y 17 para Ciudadanos.
Una vez constituido el consejo, sus miembros –9, si no varía su cifra– elegirían por mayoría de dos tercios al director general. De producirse este cambio, el nombramiento del máximo responsable requeriría el apoyo de 6 consejeros. Aunque se mantuviera el reparto de poder de la ley actual –3 el PP, 3 el PSOE, 2 Podemos y 1 Ciudadanos–, el director general necesitaría la confianza de los consejeros propuestos por los populares y los socialistas, o de cualquiera de los últimos más los tres que suman Podemos y Ciudadanos.
Modelo de la BBC
El objetivo es «despolitizar y profesionalizar» la televisión y la radio de los madrileños a través de un modelo de «gobernanza» similar al de la BBC inglesa. Para ello, PPy Ciudadanos quieren aprobar en la Asamblea, con el «mayor consenso posible» de los grupos parlamentarios, una «carta básica» de derechos y obligaciones del ente público. Una especie de «guía» a la que se ciñan los consejeros, responsables y directivos de la cadena para garantizar «la objetividad, la imparcialidad y la pluralidad».
En línea con esos criterios, la nueva Telemadrid resultante del cambio de la ley elegiría a su director general entre un «perfil técnico y profesional» que venga de fuera de la cadena pública. Cifuentes y Aguado también coinciden en que hay que eliminar todos los cargos de confianza existentes.
PSOE y Podemos, los dos partidos que iban a salir beneficiados con el actual reparto de poder, están de acuerdo con «despolitizar» el ente público. Coinciden también en que la elección de la dirección de la cadena tendrá que hacerse atendiendo a la «trayectoria profesional». Los socialistas, además, siempre han defendido que el máximo responsable del medio público sea elegido por mayoría cualificada de la Asamblea de Madrid.
El control de Telemadrid por parte de la izquierda había puesto sobre la mesa la posibilidad de readmitir a parte de los despedidos en el ERE de 2013 . Una cuestión que Podemos llevó en su programa y que los socialistas se comprometieron a estudiar. Con el cambio de ley queda casi descartado. Sobre todo, porque Ciudadanos, al igual que el PP, disiente sobre esa medida por su viabilidad económica. Cifuentes, esperará a que concluyan todos los procesos judiciales para tomar una decisión definitiva sobre una televisión pública que, en campaña, no descartó cerrar si no es rentable.
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