PP y Ciudadanos se desentienden de la nueva Ciudad de la Justicia

La Ciudad de la Justicia era el último plan estrella de Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid. Pero ni en el equipo de Cristina Cifuentes (PP) ni en Ciudadanos, que se convertirá en su socio preferente durante la legislatura, ven con buenos ojos este proyecto. Un recelo compartido con el PSOE y con Podemos. Todos los grupos cuestionan que sea el Gobierno de Ignacio González el que dé luz verde definitiva al proyecto una vez de que la mesa de contratación elevase un informe definitivo proponiendo que fuese la UTE Acciona-OHL los adjudicatarios del proyecto.

Sin embargo, los grupos del nuevo parlamento cuestionan la concesión in extremis del proyecto. Durante la rueda de prensa celebrada ayer entre Ciudadanos y el PP para sellar el acuerdo de investidura de Cristina Cifuentes, ambas formaciones dejaron patente su distancia sobre cómo se ha resuelto el proyecto. La futura presidenta de la Comunidad de Madrid se distanció todo lo que pudo del proyecto , llegando a decir que no lo conocía con detalle y que por eso prefería no entrar a valorarlo.

Por su parte, el líder regional del partido emergente sí se mojó algo más: «No tiene sentido que un gobierno saliente tome una medida sobe la Ciudad de la Justicia». Aguado no ve lógico que se apruebe el proyecto tal y como la planificó el anterior Ejecutivo regional, porque «es una decisión de calado», ya que compromete el presupuesto regional para los próximos 30 años: «Es una decisión que corresponde al Gobierno entrante».

Con un presupuesto inicial de 1.200 millones de euros, según el contrato la Comunidad de Madrid deberá pagar un canon anual de 37,2 millones de euros al año. La UTE formada por ACS y Acciona superó la propuesta presentada por Ferrovial y ACS .

La idea inicial que planteaba el Gobierno regional consiste en una adjudicación a 30 años. En cada uno de esos ejercicios pagaría 45 millones de euros al año a las concesionarias , lo que eleva la suma del proyecto hasta los 1.345 millones de euros. Pasadas esas tres décadas, la infraestructura pasaría a ser de titularidad pública.

El proyecto pretende agrupar todas las sedes judiciales de Madrid en un mismo espacio. Fue una idea original de Esperanza Aguirre que quedó paralizada los primeros años de la crisis económica, pero que rescató su sucesor, Ignacio González.