Las clínicas pirata del falso doctor Aguayo en Vallecas y Latina

La Policía Nacional ha detenido a un individuo que se hacía pasar por dentista y regentaba presuntamente dos clínicas en los distritos de Latina y Puente de Vallecas. Se da la circunstancia de que el mismo sospechoso ya fue arrestado hace diez años por otro caso de intrusismo profesional, además de otras tres detenciones por la misma causa y por un delito contra la salud pública. Entre su clientela, se encontraban menores y toxicómanos.

La operación Empaste ha dado como resultado la imputación de Milton Gerardo Aguayo Monar, ecuatoriano de 57 años. Arrancó cuando los agentes de la comisaría de Puente de Vallecas recibieron la información de que en el bajo del número 13 de la calle de Santa Julia, un domicilio particular, el falso doctor Aguayo estaba, supuestamente,prestando servicio odontológico, de manera clandestina.

El Grupo de Investigación del distrito comenzó entonces el operativo. Se realizadon vigilancias en torno al mencionado piso. Los agentes comprobaron cómo a la fraudulenta consulta entraban y salían sobre todo suramericanos, mayoritariamente con niños de corta edad y escolares, e incluso toxicómanos. En muchas ocasiones, los pacientes portaban gasas y pañuelos en la boca, precisaron fuentes policiales.

Una vez identificado el sospechoso, llegó la culminación de la operación Empaste: la Policía registró dos domicilios, el de Santa Julia, 13, y otro bajo en Carballino, 28, donde se encontraba la clínica precintada en 2005.

En el primero de ellos, se incautaron de 550 cápsulas de anestesia, numeroso instrumental odontológico, medicamentos, moldes dentarios, facturas y libros de contabilidad. En el inmueble de Vallecas, aprehendieron más útiles de dentista, recibos y material. Además, a Milton Gerardo se le encontraron, durante su cacheo, 1.200 euros en efectivo. Ahora, vuelve a estar imputado por intrusismo profesional y otro delito contra la salud pública.

El Código Penal estipula una pena de tres a cinco meses de multa en aquellos casos de intrusismo profesional si la actividad desarrollada exige un título oficial; si, además, se atribuyese públicamente el oficio, puede enfrentarse a pena de prisión de seis meses a dos años.