El caso Ballarín deja en el aire el pacto PP-Ciudadanos para la Comunidad de Madrid

La noticia de la imputación por presunta prevaricación de Álvaro Ballarín, número 7 de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid, comprometió gravemente ayer los contactos abiertos entre el PP y Ciudadanos para explorar su apoyo en la investidura del Gobierno regional. El líder madrileño del partido naranja, Ignacio Aguado, reaccionó contundente al asegurar que la negociación postelectoral quedaba «bloqueada» hasta que no se aclare la situación legal del diputado electo. La expulsión de investigados por corrupción política es una exigencia de la formación de Albert Rivera para sentarse a negociar. Pero Cifuentes, que había prometido que apartaría del grupo a quienes lo estén, cerró filas con Ballarín después de que los denunciantes retiraran repentinamente la querella contra su persona.

La fulgurante anulación de la querella obligó a la titular del juzgado de Instrucción número 39 de Madrid a decretar el archivo provisional de la causa, el pasado martes. Sin embargo, justo una semana antes, el 19 de mayo, la juez denegó a Ballarín un recurso de sobreseimiento al apreciar indicios de tres delitos: prevaricación, falsedad documental y desobediencia. El fiscal también se pronunció a favor de seguir con el proceso, incluido el interrogatorio a Ballarín como imputado. Estaba llamado a declarar el 20 de mayo, aunque finalmente se aplazó.

Cifuentes se aferró ayer a este vuelco inesperado en el proceso judicial contra Ballarín, que arrancó en enero con la admisión a trámite de la querella de la empresa Cadena de Moteles S.L. (Camesa), presunta perjudicada por una demolición ilegal aprobada por la Junta Municipal de Moncloa, que preside el ahora diputado electo. Según el escrito de la querella, retirada in extremis pese al criterio de la juez y del Ministerio Público, que ahora tiene tres días para decidir si recurre el archivo provisional. Fuentes fiscales afirmaron ayer a este diario que actuarán en función de si se sigue apreciando indicios de delito contra Ballarín; nunca teniendo en cuenta la retirada de la querella, ya que los supuestos ilícitos son públicos y se podría actuar de oficio.

Si la Fiscalía finalmente recurre el sobreseimiento provisional y la juez lo admite, Álvaro Ballarín volvería a estar automáticamente imputado y tendría que prestar declaración como tal, acompañado de su abogado, en sede judicial. Esta circunstancia obstaculizaría gravemente las posibilidades de Cifuentes de ser investida con el apoyo de Ciudadanos. «Nosotros no podemos ir más allá de los jueces y debemos atenernos a los hechos, a la condición o no de imputado. Pero esto huele muy mal», apuntó a ABC un miembro del Comité Nacional de Pactos de Ciudadanos, que volverá a exigir la cabeza de Ballarín si el fiscal reabre el caso. Su líder madrileño, Ignacio Aguado , afirmó que no cree en las «casualidades», en alusión a la retirada de la querella a última hora contra Ballarín, y calificó la situación cuanto menos de «sospechosa»; por lo que esperará a ver cuál es el criterio del fiscal antes de abrir cualquier negociación. Pese a que le ocultó su imputación durante todo este tiempo, Cifuentes mantiene a Ballarín en la lista.

El todavía concejal de Moncloa-Aravaca, que por la mañana puso su cargo a disposición de su partido, emitió ayer un comunicado en el que volvió a desvincularse de la demolición ilegal desencadenante de la querella de Cadena de Moteles (Camosa). Ballarín se desligó de la demolición en La Florida, ordenada por el gerente, Carlos José González Moreno, y «siempre» en cumplimiento «en sus estrictos términos del informe elaborado por los técnicos», sostiene.

Sin embargo, en el escrito de la querella, Camosa denunció «la superior dirección» de Ballarín en el supuesto amaño de ese informe técnico, «elaborado a la carta» por el Ayuntamiento, que habría beneficiado a las empresas Sacyr-Vallehermoso y Corporación Financiera Alba (familia March).