El número siete de Cifuentes, imputado por prevaricación y falsedad documental
Álvaro Ballarín está acusado de haber ordenado el archivo irregular de un expediente de demolición en La Florida
Álvaro Ballarín, número siete en la lista del PP a la Asamblea, está imputado desde enero por los delitos de prevaricación, falsedad de documentos públicos y desobediencia por la titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid. Los denunciantes le acusan de haber desobedecido una orden judicial de demolición y de haber «amañado» informes técnicos del Ayuntamiento, según consta en el escrito de querella al que ha tenido acceso ABC. Ballarín, concejal-presidente de la Junta Municipal de Moncloa, estaba llamado a declarar el miércoles 20 de mayo, a las 8.30 horas, para prestar declaración como querellado junto a Carlos José González Moreno, gerente del mismo distrito de Moncloa-Aravaca, y dos técnicos municipales. La citación, que se habría producido en plena campaña electoral, fue aplazada a última hora por la juez después de que la defensa presentara un recurso pidiendo el sobreseimiento y archivo de la causa, que ha sido rechazado, según fuentes jurídicas.
Ballarín, imputado desde el pasado 16 de enero, ocultó su situación procesal a su jefa de filas. Tras ser designada candidata a la Comunidad, Cifuentes aseveró que no admitiría llevar a personas imputadas en sus listas. Se da la circunstancia de que el todavía concejal de Moncloa ha sido el encargado de coordinar el programa electoral del PP autonómico y ha participado activamente en la redacción del «código ético» que se exige a los miembros de la candidatura. Uno de los compromisos por el PP es que se apartará a quien sea imputado por un delito de corrupción política, como supone el delito de prevaricación que atañe a Ballarín. Este hecho supone un serio obstáculo en las negociaciones postelectorales que el PP se dispone a iniciar este próximo lunes con Ciudadanos.
El TSJ ordenó demoler
La querella fue interpuesta el pasado 26 de noviembre por la empresa Cadena de Moteles S.L. (Camosa), supuesta perjudicada por la construcción de un aparcamiento por Vallehermoso S.A., en una parcela en la urbanización «La Florida», que después adquirió Corporación Financiera Alba (familia March). La licencia fue otorgada por el Ayuntamiento en 1999. En 2007, una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia declaró ilegal la edificación y ordenó que se revirtiera la legalidad urbanística, o bien su demolición. El Ayuntamiento, encargado de supervisar que se cumplía la legalidad, cerró el expediente mediante resolución de 23 de junio de 2014. Pero, y siempre según los denunciantes, lo hizo amparándose en la emisión de un informe técnico «amañado» y «elaborado a la carta» desde el Consistorio. La parte querellante acusa a Ballarín, como concejal-presidente de la Junta de Moncloa de haber ordenado la falsedad de dicho informe técnico en «connivencia» con la empresa «beneficiada», Corporación Financiera Alba.
En declaraciones a ABC, Ballarín negó los hechos que se le imputan en la querella y defendió su inocencia al asegurar que él no era concejal en 1999 cuando se otorgó la licencia inicial. Sin embargo, la acusación recuerda en su escrito al juez que la querella no se interpuso contra la licitación, sino contra la demolición «ilegal». «Lo que se denuncian son las actuaciones llevadas a cabo por los querellados para archivar ilegítimamente el expediente administrativo, el 23 de junio de 2014, bajo la superior dirección del querellado Señor Ballarín», se señala.
Los pactos, en riesgo
La imputación de Ballarín compromete gravemente las negociaciones del PP con Ciudadanos en su intento de pactar el Gobierno de la Comunidad. Ignacio Aguado, líder de este partido, aseguró a este diario que no entrarán en conversación con ningún partido que lleve imputados en su lista. «La prevaricación es corrupción política. No importa si luego se sale absuelto, es un daño colateral que hay que pagar dada la gravedad de la situación de corrupción en España», opina.
