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Las durísimas críticas de la Audiencia al juez instructor del caso Ciempozuelos
«Aunque no hay ningún dato que revele una actuación parcial del juez, su apariencia de imparcialidad queda en entredicho», dice el ponente de la sentencia sobre Agustín Carretero, que fue fichado por el PP, una de las acusaciones populares
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial absolvió ayer, tras nueve años de litigio judicial, a los 14 acusados del caso Ciempozuelos. Los dos principales, los exregidores socialistas Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro, se enfrentaban a 7 y 6,5 años de petición de cárcel de Anticorrupción, respectivamente, y de 29 millones de fianza entre ambos. «Los hechos que podrían ser delito no se han probado y los que se han probado no son delito», sentencia.
Los exalcaldes estaban acusados de asociación ilícita, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, uso de información privilegada, malversación de caudales públicos, fraude, apropiación indebida, alzamiento de bienes, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y prevaricación urbanística. El ponente del fallo y presidente del tribunal, Arturo Beltrán, lo comunicó «in voce». Inmediatamente, la sala se llenó de llantos de alegría.
El caso estalló en octubre de 2006, a raíz de la publicación en ABC de un contrato entre Joaquín Tejeiro y la inmobiliaria Esprode, por el que la empresa pagaría una «mordida» de 40 millones a cambio de una recalificación de terrenos. El tribunal considera que ese documento fue realmente elaborado por el exregidor sin conocimiento del otro firmante, cuya rúbrica falsificó.
Fue enviado por Tejeiro al Andbanc de Andorra, como supuesto aval para ingresar 100.000 euros en una cuenta. Pero el banco receló y transmitió la información al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), del Banco de España. Se supo también que Torrejón, amigo de Tejeiro y alcalde en ese momento, tenía cuentas en el Principado con más de 800.000 euros. Para colmo, su amigo Joaquín había remitido el contrato a la entidad desde el fax de su propia casa, a medianoche y sin avisarle sobre el contenido del documento, según la versión de Torrejón. La investigación posterior derivó en una trama de pagos de empresarios a los dos exediles a cambio de favores urbanísticos, ahora descartada.
Parcialidad en entredicho
El magistrado Beltrán no deja títere con cabeza en la sentencia: «Respecto del juez instructor cabe una razonable sospecha de parcialidad». Se refiere a que en julio de 2007, Agustín Carretero, dejó el juzgado de Valdemoro al ser fichado por la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP (que es acusación en este caso), primero como director general de Política Interior, luego como gerente de la Academia de Policía Local y, en la actualidad, como director de Relaciones con la Administración de Justicia. «Los nombramientos —añade— no nacen espontáneamente, sino de previos diálogos o negociaciones. Aunque no hay ningún dato que revele una actuación parcial del juez, su apariencia de imparcialidad queda en entredicho».
Se queja también de la recolección «de forma caprichosa» de datos patrimoniales de la familia Torrejón («Por un hecho extraño, la Policía Judicial no recibió el encargo de investigarlos [...] y el fárrago de datos bancarios es absolutamente ininteligible para el profano en contabilidad») y de las acusaciones vertidas por el PP y el fiscal: son «voluntaristas o imprecisas, que dan por probado lo que tienen que probar». Hasta habla de «atribución de pronósticos de futuro que exigirían dotes adivinatorias».
Sobre las relaciones de los Torrejón y los empresarios, el tribunal no puede más que enmarcarlos dentro de la legalidad. Un ejemplo es que Elena Berrio, esposa del exalcalde, trabajara para Comernet Green S. L., controlada por Manuel Ramón Martín Peña, otro de los procesados. «Puede afirmarse que la economía de la familia iba bien desde mucho antes de que Torrejón fuera alcalde. Había capacidad inversora, pero es imposible saber cuánto dinero pudo ganar o perder el matrimonio».
Los populares y Anticorrupción recurrirán el fallo ante el Supremo.
