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Querella para aclarar los 18 «pufos» del PSOE en Aranjuez
La Alcaldía (PP) pide al TSJM que juzgue si hay fraude, estafa y malversación entre otros posibles delitos del exalcalde
Hay «numerosos pufos y graves irregularidades». Lo dice María José Martínez de la Fuente (PP), abogada, y alcaldesa de Aranjuez. Ha contado hasta 18 posibles delitos en la gestión de su antecesor en el cargo, Jesús Dionisio (PSOE). La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en su Informe «Fiscalización del Ayuntamiento de Aranjuez y Entidades Dependientes, ejercicios 2010 y 2011» ya daba el primer aviso. Ante la variedad y magnitud de esas irregularidades, el actual Gobierno municipal ha presentado una querella contra Dionisio y su equipo de entonces ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Los jueces tienen ahora la palabra.
Entre esos presuntos 18 delitos también se encuentran los de prevaricación urbanística, usurpación de funciones, tráfico de influencias, falsedad contable, aplicación privada de bienes públicos, actividad prohibida a funcionario público, atentados contra la autoridad, uso de información privilegiada y, por último, delito fiscal.
Llevaba ya tiempo Martínez de la Fuente pensando la manera de que quienes dejaron al municipio con la mayor deuda por habitante (195 millones de euros en total) al perder la alcaldía en 2011, dieran cuenta de su dudosa y opaca gestión. Y le han salido 17 posibles delitos. Por ejemplo, los de estafa, apropiación indebida, prevaricación de funcionarios públicos, prevaricación urbanística, falsedad documental y contable y tráfico de influencias. Por eso, ha llevado a Dionisio y a quienes tuvo en su equipo socialista ante el TSJM en una demanda que presenta el actual equipo de gobierno local «al resultar directamente perjudicado por los hechos objeto de esta querella», alegan los querellantes. Total, 11 afectados.
En la demanda, a la que ha tenido acceso ABC, se dice que la actuación de los anteriores regidores de Aranjuez «se han revelado en una continua infracción de la normativa que delimita su actividad publica». Y les apuntan por aprovecharse de sus cargos para «encubrir actividades prohibidas» y llevar a cabo distintas actuaciones «estructuradas a través de acuerdos, manifiestamente ilegales, dirigidos a la disposición y administración del patrimonio y la hacienda de Consistorio desviando en sus propios intereses sus actuaciones de los fines públicos encomendados».
La querella también plantea al juez conductas de «incumplimiento y desobediencia» de las resoluciones judiciales y normas que regulan los entes locales, así como el diseño de una estrategia para «facilitar la impunidad de las actuaciones denunciadas, excluyendo y atribuyendo los puestos del propio Consistorio a favor de empleados afines, decididos por quienes tenían el gobierno del Ayuntamiento».
No queda ahí la cosa. Martínez de la Fuente pide, en su querella, que se investigue a un consejero de «Servicios UGT de Madrid, S. L.» (da su nombre, como es lógico, pero sus iniciales son A. R. C.) y «muy próximo al alcalde», y «con quien había compartido su estrategia para recompensar los servicios anteriores del mismo».
Otro de los «pufos» tiene que ver con la urbanización del barrio de La Montaña. Se documenta que la ejecución de los avales presentados por la empresa Martinsa-Fadesa, S. A., ejecutados en 2009 por importe de 12,5 millones de euros, «lejos de servir a la finalidad destinada, fueron desviados a cubrir gasto corriente»
Queda documentado, en la misma denuncia, pagos que «esquivaron» el control. Y especialmente, uno de 5,2 millones de euros ejecutado en el periodo del «traspaso de poderes», es decir, desde que el PP ganó las elecciones al PSOE (mayo de 2011) hasta la toma de posesión de los nuevos gobernantes en Aranjuez, en junio.
Así, el gobierno municipal saliente, de puño y letra de la concejal de Hacienda, Cristina Moreno –hoy cabeza de lista del PSOE el 24M–, firmó dos decretos paga pagar esos 5,2 millones que no contab an con el control de la intervención municipal. Además, se denuncian muchos fraccionamientos de contratos para eludir la legalidad. Y así, suma y sigue.
