El ático de González, artillería reciclada en la guerra por Madrid

Ignacio González compró el 18 de diciembre de 2012 su famoso ático de Estepona por 770.000 euros. Él mismo lo hizo público -el 16 de enero de 2013- en una rueda de prensa con la que pretendió dar carpetazo a un asunto que, dos años después y sin ninguna novedad judicial, sigue desgastando sus opciones para repetir como presidente de la Comunidad de Madrid. Lo hizo tras conocerse que un Juzgado de Estepona reclamaba a la empresa Coast Investor LLC -que figuraba como anterior propietaria del ático- información fiscal sobre el inmueble.

Aquella actuación puso bajo la lupa la compra del inmueble en 2008 por parte de un empresario llamado Rudy Valner a la sociedad Coast Investors, con sede en el paraíso fiscal norteamericano de Delaware. Valner se lo alquiló a González y a su mujer, Lourdes Cavero, hasta que finalmente les vendió la vivienda. González no pudo comprar antes el inmueble porque no estaba inscrito en el Registro de la Propiedad, un trámite que se regularizó en 2012.

Un año antes, González se convirtió en objetivo de una «investigación extraoficial» que relacionaba su nombre -cuando era número 2 de Esperanza Aguirre- con la trama «Gürtel» a través de dicho ático en la Costa del Sol. Fue entonces cuando el caso saltó a los medios de comunicación. Aparecen aquí los nombres del director adjunto operativo de la Policía Nacional, Miguel Ángel Fernández-Chico que habría encargado -en tiempos del ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba- realizar unas «pesquisas extraoficiales» a González través del comisario de Marbella Agapito Hermés.

Aquella actuación hizo que el Ministerio del Interior abriera un expediente disciplinario por investigar «ilegalmente» al entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Hermes pasó de ser el jefe de la comisaría de Marbella a ser el segundo jefe de la de Usera. En respuesta a aquella decisión, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) decidió denunciar por fraude fiscal y blanqueo a González en el caso del ático. Una medida a la que, tiempo después se sumarían los afectados por el ERE de Telemadrid y el PSM a través de una querella contra el presidente regional que el Tribunal Supremo archivó en julio del año pasado.

La «cita» que esta semana ha hecho saltar por los aires los planes de González tuvo lugar el 29 de noviembre de 2011. González mantuvo un encuentro con los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño en la cafetería de la Mallorquina de la Puerta del Sol. «Me dijeron que había una actuación abierta en relación al ático que tenía alquilado y que si les facilitaba algún recibo podía evitar que el asunto viera la luz», explicó el lunes el presidente madrileño. Villarejo ha denunciado esta semana al presidente regional.

« No caí en ese chantaje . Me pareció muy extraño. Creo que pretendían extorsionarme, por lo que acudí al juez que correspondía, que no elegí, y que resultó ser el titular del Juzgado de Instrucción Número 47, Adolfo Carretero», se defendió. Ese procedimiento, que sigue abierto y en el que el ex comisario jefe de Marbella sigue imputado, se abrió en aquel juzgado como una pieza separada en la causa del presunto espionaje que González sufrió durante un viaje a Colombia en 2009.

La denuncia de González supuso la rápida contestación del Ministerio del Interior y del Director General de la Policía que calificaron esa actuación de «ilegal». Tras ello, y sorpresivamente, la juez que se hizo cargo del caso en el Juzgado de Estepona, decidió imputar a su mujer en diciembre de 2013. Una decisión recurrida por la Fiscalía que la Audiencia de Málaga levantó ante la ausencia de «indicios de criminalidad». Desde entonces, el caso no ha ofrecido ninguna novedad. Solo «ruido mediático», dice González.