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«Los 'after' usan todo tipo de artimañas para burlar la normativa»
Los dueños cambian el nombre de las sociedades y dilatan el cierre al máximo
Los «after» son un negocio que proporciona sustanciosos beneficios a sus responsables. En general, suelen cobrar 10 euros por la entrada o por la copa. El público los conoce por el boca oreja y también por los «tarjeteros» que se apostan en la puerta de algunas discotecas. Lo habitual es que un empresario tenga varios negocios de este tipo en las zonas de ocio de la capital. La actividad de estos locales no está regulada por la Ley Regional de Espectáculos Públicos (Lepar), dado que no existe una licencia para este tipo de establecimientos que sirven copas, ponen música y abren sus puertas cuando cierran las discotecas. «Son ilegales», zanja Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid y coordinador de la Plataforma por el Ocio, el Turismo y la Hostelería de Madrid.
Para burlar la normativa, una de las prácticas que emplean es crear una sociedad limitada con el capital mínimo permitido, 3.000 euros, a nombre de un testaferro insolvente, que ejerce también como administrador único. A cambio, le pagan una pequeña cantidad. Después, una vez que se amontonan las denuncias y las infracciones, como no tienen fondos en la empresa, no las pagan y prosiguen con su actividad, incumpliendo la normativa en materia de ruido, de horarios, etc., hasta que les llega la orden de clausura, indican fuentes policiales y vecinales. «Se suelen marchar antes, a veces dejando un pufo por el alquiler cuando el local está ya "quemado"».
Otra de las artimañas que emplean es cambiar el nombre de la sociedad y del titular para que el «after» siga funcionando. Con ello evitan tener que pagar las multas al ayuntamiento por las infracciones del anterior responsable.
A veces tienen dos sociedades, una donde facturan, y otra, sin fondos, para no abonar las multas, según las mismas fuentes. «Tienen buenos abogados, se conocen todos los vericuetos legales y los burlan todo lo que pueden», afirman varios residentes, como Manuela y Elías del barrio de Malasaña. «La propia Policía reconoce que ni siquiera puede obligarles a bajar la música. Eso nos causa una gran impotencia».
Esta pareja afirma que tiene constancia de que la Policía Municipal tienen «fichados» varios «after» pero hasta que no finalice el procedimiento que conlleve la clausura, «no hay nada que hacer». La sanciones no implican el cierre, este se produce en función de la gravedad de la infracción cometida.
Lo habitual es que estos establecimientos tengan licencia de bar y por ello, a pesar de las denuncias y de la acumulación de expedientes, su clausura no es rápida a no ser que carezcan de licencia de actividad o cometan una falta muy grave . Entre estas se encuentran superar el aforo máximo permitido cuando conlleve un grave riesgo para personas o bienes, vender alcohol a menores, permitir el consumo de drogas o incumplir las condiciones de seguridad.
Los afectados se quejan de la lentitud del proceso para conseguir el cierre. «El mínimo son dos o tres años. Los encargados de los locales actúan como mafias, alquilan locales de hostelería, van recurriendo todas las sanciones o requerimientos para subsanar deficiencias y así van dilatando el proceso. Luego se buscan otro lugar y vuelta a empezar».
«Tener un “after” debajo de tu casa es como tener un grano en el culo. Nos hacen la vida imposible, se saltan todas las normas a la torera y nos provocan una gran frustración». «Habría que agilizar los trámites para que esta gente no haga lo que quiera», coinciden estos afectados.
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