El Ayuntamiento de Aranjuez, obligado a derribar una obra ilegal pagada por el Plan E

El Juzgado de Instrucción número 1 de Aranjuez ha dado un plazo días 90 días al Ayuntamiento de Aranjuez para que proceda al derribo y demolición de un edificio que invade parte de una propiedad privada. Las obras para construir nuevas dependencias municipales se realizaron en 2009 bajo el mandato del alcalde Jesús Dionisio (PSOE), costaron 1,7 millones de euros y se financiaron, en parte, con el Fondo Estatal de Inversiones Locales (FEIL), más conocido como el Plan E de Rodríguez Zapatero. El día de la inauguración Dionisio estuvo acompañado por Manuel Chaves.

El auto con la orden de derribo y demolición está emitido el pasado 7 de octubre y llegó ayer al Consistorio , gobernado desde mayo de 2011 por María José Martínez de la Fuente (PP). Las obras, que «alteraron ilicitamente» un patio de uso común, se llevaron a cabo con el PP en la oposición municipal.

En su parte dispositiva, el citado fallo requiere a la Sociedad Local del Suelo y Vivienda de Aranjuez, S. A. (es decir, el Ayuntamiento) para que en ese plazo de 90 días «proceda a la demolición y retirada de todas las instalaciones afectuadas en el patio común, incluyendo el muro que se ha levantado delante de las ventanas del local, dejando ese patio en el estado que se encontraba antes de realizarse la obra».

El litigio entre la parte demandante (Promociones Alpajes, S. L.) y la parte demandada (Sociedad Local de Suelo y Vivienda de Aranjuez), arrancó ya en 2010. Entonces, el regidor de este municipio era el socialista Jesús Dionisio, que acaba de renunciar como concejal en la oposición municipal pero que se sigue sentando como diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid . En aquella fecha, su concejal de Hacienda era Cristina Moreno, hoy portavoz del grupo municipal socialista en la oposición.

El 1 de febrero de 2012 ya hay un fallo del Juzgado de Aranjuez: asegura que ambas partes «comparten un patio que es elemento común, cuyo uso de forma privativa por parte del demandado es contrario a la ley y su cierre supone una modificación de elementos comúnes». Ya se ordena la demolición.

El Ayuntamiento recurre. El asunto llega a la Audiencia Provincial de Madrid donde, el 12 de noviembre de 2013, se emite una sentencia desestimando tal apelación. Así, se ha llegado hasta el requerimiento del Juzgado original que hace una semana sentenció, y sin posibilidad de más recursos, que hay que derribar lo construido, un local que el PSOE destinó a dependencias municipales.