Los empresarios, en pie de guerra por el cierre al tráfico del centro

La posibilidad de cerrar al tráfico el centro de la ciudad a partir del 1 de enero, que ha anunciado el Ayuntamiento madrileño, no solo no le gusta al presidente regional, Ignacio González –como ayer publicaba ABC–, sino que tampoco convence a los empresarios, que ven en ella un peligro de pérdida económica para los comerciantes de la zona. Aseguran que no conocen a fondo la iniciativa y por eso el presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio, Arturo Fernández, ha pedido a la alcaldesa, Ana Botella, que se reúna con ellos y se la explique.

Son muchos los puntos que no ven claros en esta iniciativa, que extiende el área de prioridad residencial de Ópera –el perímetro que forman Bailén, calle Mayor, calle del Carmen, Gran Vía y plaza de España– a los barrios de Sol y Palacio –situando los límites en ronda de Segovia, calle Toledo, Concepción Jerónima, Cruz, Sevilla, Gran Vía, plaza de España, Cuesta de San Vicente y paseo de Virgen del Puerto–. En este área no se podrá circular con vehículo privado –salvo residentes– desde el 1 de enero. Los vecinos podrán autorizar a algunas personas para que pasen, previa comunicación al Ayuntamiento.

Existen dudas razonables, que plantean los empresarios y otros colectivos, sobre cómo se realizará este corte. Desde CEIM, piden que se estudie especialmente el «impacto económico» que tendría la medida, y «deben tener en cuenta –recuerdan– la opinión de los empresarios en cuestiones tan importantes como el incremento del número de paradas de taxis en las zonas afectadas, el aumento de la seguridad o que se garanticen las vías de acceso y salida de los vehículos privados».

Los empresarios manifiestan su inquietud por la posibilidad de que la medida pueda frenar las posibilidades de recuperación económica de los establecimientos de la zona, o incluso dar lugar a pérdidas de empleo o cierres.

El presidente de CEIM y de la Cámara, Arturo Fernández, aseguraba que no estaban «nada felices» con la iniciativa, para la que «no se nos ha preguntado». Desde su organización piden una reunión «cuanto antes» entre el Ayuntamiento y representantes del comercio, la restauración, la hostelería, los hoteles y el ocio nocturno del centro; que se realice «una memoria económica de lo que se va a hacer», teniendo en cuenta el censo de locales abiertos, cuántas personas trabajan en ellos, y las posibles afecciones.

Falta por saber si el sistema de transporte público programado es suficiente para cubrir la demanda; dónde se instalarán las cámaras que vigilen el proceso; o si habrá suficientes plazas de aparcamiento subterráneo en el interior del perímetro para quienes vayan con su coche. Hay quien teme que «aquello se convierta en un manifestódromo, o se extienda todavía más el “top manta”, que ya es abundante en la Puerta del Sol y su entorno».

El Gobierno local recuerda que toman la medida «recogiendo la petición de los vecinos»; y asegura que seguirán hablando con ellos y con los comerciantes porque «quedan flecos por cerrar» antes de poner el sistema en marcha, el 1 de enero: dentro de tres meses y seis días.