Empresas vinculadas a la familia Atutxa acumulan 68 millones en contratos públicos
El PP reclama que se abra una investigación ante lo que consideran un nuevo caso de clientelismo en torno al PNV
El secretario general del PP de Vizcaya, Javier Ruiz, ha denunciado este mediodía en Bilbao que empresas vinculadas a Juan María Atutxa , quien fuera consejero y presidente del Parlamento vasco, han percibido 68 millones de euros de disintas instituciones de la Administración -Gobierno vasco, Diputación, Ayuntamientos y consorcios- a través de más de 200 adjudicaciones públicas, en lo que considera un «salto cuantitativo y cualitativo» dentro de los casos de clientelismo y trato de favor en torno al PNV que vienen denunciando en los últimos meses. Para Ruiz, «no solamente hay que revisar las contrataciones, sino también las contabilidades de las empresas y ver sus salidas de caja», por lo que reclama una «investigación de oficio» a cargo del fiscal superior del País Vasco.
Ruiz, quien ha indicado que este caso se podría denominar «la saga vasca a la catalana» , ha detallado que las constructoras Ekin y Ekin Eraiketak han percibido unos 40 millones en contratos públicos desde mediados de los 90. En su consejo figuraron María Ángeles Atutxa, hermana de Juan María, y Javier Gorostiaga, exalcalde de Villaro con el PNV, hasta 2012, y Jesús Atutxa, hermano del exconsejero, hasta 1997; y continúan dos sobrinos, Juan Félix y Óscar Gorostiaga.
En el caso de Ingeplan Consulting , que ha recibido 25 millones de euros en licitaciones, hasta 2013 fue apoderado solidario uno de los hijos de Atutxa, Asier, actualmente presidente del Puerto autónomo, y se mantienen los otros dos hijos: Iskander como presidente y Jon como secretario y consejero.
Finalmente, en el servicio de arquitectura Arkigest , adjudicatario de distintos contratos públicos en Vizcaya por unos 3 millones de euros, figuró como apoderado hasta 2013 el mencionado Asier Atutxa y se mantiene como administrador único Iskander.
«El bolsillo del PNV»
«Es un ejemplo de linaje, sagas familiares, clanes políticos . Mezcla filiación con afiliación, con dinero público. El clientelismo es un modus operandi, es un modo de vida y es una filosofía público-privada que lleva instalada aquí en el País Vasco desde hace años», ha denunciado. «No podemos asumir este tipo de prácticas como algo instaurado de manera institucional y que lo asumamos de manera natural como si formara parte del paisaje. Estamos tocando el corazón y las entrañas del PNV, quizás también el bolsillo, seguramente hará saltar muchas alarmas, pero no estamos para tapar chanchullos sino para todo lo contrario».
Para el número uno de los populares vizcaínos, hay que «ver si existe un circuito cerrado donde el origen y el destino del dinero está controlado por los mismos». «Es necesario rastrear el recorrido del dinero para ver el destino final . Quizás no sea la estación de Abando sino la calle Ibáñez de Bilbao», ha apuntado.
Por ello, «considera que cabe una investigación de oficio », y en este sentido se ha mostrado muy crítico con el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, de quien ha dicho que está más preocupado por otro tipo de cuestiones y que considera que quedaría «en entredicho» si no inicia una investigación. «Espero que me llame. La mitad del trabajo lo tiene hecho. En ningún caso se ha dirigido a mí».
Ruiz también ha puesto sobre la mesa varias medidas para evitar que se reproduzcan casos de esta naturaleza. La primera, pedir de manera urgente un fiscal anticorrupción . «Estoy dispuesto a acompañar al señor Calparsoro al Ministerio de Justicia».
Asimismo, «establecer registro de contratistas donde vengan las empresas con todos los contratos que han recibido durante los últimos años, con los importes perfectamente detallados, y donde puedan figurar los órganos de dirección y sociales que conforman esas empresas». «Que las empresas tengan que declarar previa a concurso o licitación si tienen cargos o excargos públicos u orgánicos perteneciente a la Administración con la que quieren contratar. Seguramente muchos se lo pensarían antes de adjudicar», ha indicado.
El caso denunciado este mediodía, a juicio de Ruiz, supone un nuevo ejemplo de que « las siglas sirven de salvoconducto para el enriquecimiento personal , el enriquecimiento político, y todo está basado en la sensación de impunidad jurídica» con la que su partido quiere terminar.
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