El Parlamento vasco aprueba la polémica Ley de Vivienda con expropiaciones a bancos
Reconoce como subjetivo el derecho a tener una casa, lo que será exigibile ante los tribunales por personas con recursos escasos
El Parlamento vasco ha aprobado la polémica Ley de Vivienda que contempla, entre otros aspectos, la expropiación temporal de pisos a bancos y el establecimiento de un canon para grabar viviendas vacías, además de reconocer el derecho subjetivo y exigible ante los tribunales de disponer de una vivienda. La norma, tal y como estaba previsto tras su recorrido parlamentario , ha salido adelante por escaso margen, con 38 votos a favor y 37 en contra. Cuenta con el apoyo de PSE -impulsor de la medida, que lleva cocinando dos años-, Bildu y UPyD y el rechazo de PP y PNV, que como partido en el gobierno será el encargado de aplicarla.
El ejecutivo autonómico, por boca de su portavoz Josu Erkoreka, aseguró el pasado mes de mayo de que la ley tendría un «efecto llamada» de proyección «mundial», ya que atraería a personas de fuera del País Vasco para disfrutar de sus beneficios. Este jueves el consejero de empleo y asuntos sociales, Ángel Toña, ha asegurado que su aplicación va a generar un desajuste presupuestario de «entre 60 y 80 millones» de euros.
A pesar de que el gabinete de Urkullu se ha mostrado abiertamente contrario a la norma antes de su aprobación, Toña ha asegurado que « como Gobierno, hacemos nuestra la ley que ha aprobado el Parlamento Vasco», y que se comprometen a su desarrollo y aplicación por «deber de lealtad al país y a este Parlamento». Ha advertido, eso sí, de que será una tarea «compleja y rodeada de incógnitas desde el punto de vista jurídica, especialmente en lo tocante a la expropiación a bancos.
El PP, por su parte, ha criticado la ley desde un primer momento por considerar, también que provocará «inseguridad jurídica». La parlamentaria popular Nerea Llanos ha advertido de que « si no cuenta con una cobertura económica se puede convertir en papel mojado », y de que «varios de los preceptos chocan con el derecho a la propiedad».
La medida, ha afirmado, obligará a adoptar medidas como subir impuestos, aplicar nuevos recortes o aumentar la deuda porque « el dinero de la tierra no mana ». «El papel lo aguanta todo pero la realidad exige algo más que populismo y demagogia», ha recordado a los representantes de las tres formaciones impulsoras de la ley.
«Los partidos de izquierdas no son los únicos que tienen la prerrogativa de garantizar los derechos de los ciudadanos. Somos firmes defensores del derecho a una vivienda adecuada, libre y accesible a todos los vascos. Especialmente, los que menos recursos económicos tienen. Sigo diciendo que esta ley no va a ser a suponer la garantía de ese derecho », ha añadido Llanos.
El socialista Bitxen Itxaso, encargado de defender la ley durante la fase de debate, ha afirmado que «por alarmantes que les parezcan a algunos, son medidas que se adoptan en otros países de Europa», donde, ha incidido, «la situación es marcadamente diferente». « Recorten ustedes por otro lado », ha lanzado Gorka Maneiro, único parlamentario de UPyD, que frente a una «postura cómoda» prefirió sumarse a la que considera una «buena ley, que va a solucionar los problemas que miles de ciudadanos vascos han padecido».
Expropiación y canon
El punto más polémico de la ley es el que establece la «expropiación forzosa de uso», que permite a la Administración expropiar temporalmente a los bancos para evitar el desahucio de sus inquilinos, pero se contempla por un máximo de tres años y como última opción. Un punto que ya ha sido tumbado por el Tribunal Constitucional en la legislación de Andalucía contra los desahucios.
Otro punto controvertido es el establecimiento de un canon para gravar los pisos vacíos. Se aplicará cuando una vivienda lleve más de dos años sin ocupar y será de 10 euros por metro cuadrado al año. Además, por cada año que pase sin que el piso sea ocupado, se aplicará un incremento del canon de un 10%, hasta un límite por el que no se podrá triplicar la cuantía del gravamen inicial establecido.
La ley también contempla la posibilidad de decretar el alquiler obligatorio de las viviendas sin ocupar . Determina que en los cinco primeros años desde la entrada en vigor de la norma, el 80% de la vivienda pública que se construya en el País Vasco deberá estar destinada al alquiler. Una vez transcurridos esos cinco años, todos las viviendas públicas que se creen deberán ser para alquiler.
Derecho subjetivo
El texto reconoce el derecho subjetivo del acceso a la vivienda , lo que supone que las personas con escasos recursos, y sin posibilidad de alquilar un piso por sus propios medios, podrán exigir ante los tribunales de justicia que la Administración les facilite una vivienda en la que residir.
El ejercicio de este derecho se efectuará de forma progresiva . En el primer año a partir de la entrada en vigor de la ley se reconocerá el derecho subjetivo al acceso a la vivienda para las unidades de convivencia de tres o más miembros, con ingresos inferiores a 15.000 euros anuales y que lleven cuatro o más años registradas como demandantes de un alquiler en el registro oficial.
A partir del segundo año podrán beneficiarse también las unidades de convivencia de dos miembros, con ingresos inferiores a 12.000 euros anuales. Ya en el tercer año será el turno de las unidades de convivencia de un miembro y con ingresos inferiores a 9.000 euros anuales. El requisito de antigüedad es el mismo en ambos casos.
Para hacer efectivo este derecho, se establece que a las personas con unos ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional no se les podrá exigir que paguen por un alquiler más de un 15% de su renta disponible. Esta cifra, para el resto de colectivos reconocidos en la ley, se elevaría a un 30%.
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