El Parlamento vasco da el primer paso para prohibir el «fracking»
Aprobado en ponencia el dictamen de la ley con los votos de PP, PSE y Bildu; se debatirá y votará en comisión el próximo lunes
PP, PSE y Bildu han aprobado este miércoles en ponencia parlamentaria el dictamen sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que planteaba la prohibición del «fracking» en el País Vasco y que elevará tanto los requisitos para poder desarrollar esta técnica que prácticamente la impedirá.
La ponencia de la Cámara vasca se ha reunido este miércoles por segunda vez y ha aprobado el dictamen que se debatirá y votará en comisión el próximo lunes para que posteriormente sea ratificada la ILP en un pleno.
Los grupos que apoyan este dictamen confían en que la ley pueda ser aprobada antes de que este mes concluya este periodo de sesiones.
Esta ILP, que fue respaldada por más de 100.000 firmas , establecía la prohibición de la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos no convencionales en el País Vasco y de la utilización de la técnica de fracturación hidráulica para ello.
Elevar los requisitos
Con la aprobación de las enmiendas de este miércoles, se recoge el camino recorrido por la ley catalana , de manera que se acometerán reformas de diversas leyes autonómicas para elevar los requisitos medioambientales para la fracturación hidráulica.
El dictamen recoge la propuesta de reformar la ley del suelo para impedir esta práctica en suelo no urbanizable y la de aguas para no permitirla en zonas de acuíferos con vulnerabilidad media, alta o muy alta, y se recoge la exigencia de acometer una evaluación de impacto medioambiental estratégica, y no pozo a pozo.
Moratoria rechazada
Todos los grupos, salvo el PP, habían presentado enmiendas. El PNV, que fue el último en hacerlo, propuso que durante cinco años no se pueda usar esta técnica en el País Vasco para explorar y explotar hidrocarburos ni gas. Esta moratoria ha sido rechazada por el resto de grupos , por lo que no ha sido incluida en el dictamen.
Este partido no es partidario de que se regule por ley esta técnica porque es susceptible de ser suspendida por los tribunales al igual que en otras autonomías. Por ello, había planteado la moratoria temporal.
Para salvar los posibles recursos, el dictamen ha modificado el artículo de la ILP que planteaba la prohibición genérica de la técnica, algo rechazado por el Tribunal Constitucional en las normas aprobadas por otras comunidades.
Además de la prohibición del fracking en las zonas de vulnerabilidad de los acuíferos y en suelo no urbanizable, el dictamen contempla la evaluación ambiental estratégica para esta técnica , una medida prevista en la Ley de Protección del Medio Ambiente promovida por el Gobierno de España y que ha animado al PP a apoyar el dictamen.
El PNV arremete contra el PP
Tras la reunión de ponencia, sus integrantes han puesto de manifiesto la tensión existente entre los grupos en esta materia . Javier Carro (PNV) ha hablado de una «bonita escenificación» de los grupos que apoyan el dictamen y ha acusado a Bildu y al PSE de haber cerrado de antemano un acuerdo para dejar fuera a su partido porque «no quedaba bien en la foto».
Carro ha explicado que el PNV está a favor de la «vía catalana», de reformar las leyes autonómicas para salvar un posible recurso, y ha dado a entender que la decisión de «dejar solo» al PNV en esta materia está relacionado con la composición de los ayuntamientos el pasado fin de semana.
Ha asegurado que él tenía voluntad de acuerdo y que en la primera votación ha apoyado acudir al método utilizado en Cataluña pero que luego ha sido respondido con un rechazo a su propuesta de moratoria, por lo que luego ya no ha respaldado el resto del dictamen.
Natalia Rojo (PSE) ha explicado que con este dictamen se puede hablar de la « prohibición del fracking dentro de la legalidad y las competencias » del País Vasco, porque su grupo "nunca hubiera estado con un acuerdo ilegal».
Mari Carmen López de Ocáriz (PP) ha dicho que su grupo no es anti fracking ni anti nada, sino que se pretende elevar «al máximo» la protección medioambiental ante actividades «altamente impactantes» porque, ha explicado, ahora «tiene más restricciones establecer una granja en un espacio natural que hacer fracking».
La ILP contra la fracturación hidráulica comenzó su andadura en el Parlamento en diciembre del año pasado, pero su tramitación ha sido más larga de lo previsto porque se solicitaron más comparecencias de las requeridas inicialmente y porque el plazo para presentar enmiendas se amplió en tres ocasiones.
