El Parlamento vasco rechaza las sanciones de Bildu a empresas que no atiendan en euskera
El Consejo de Gobierno ya se había mostrado en contra por no aportar nada nuevo a la legislación vigente
Como ya hizo el pasado 14 de abril el ejecutivo autonómico, reunido en consejo de gobierno, todos los grupos del Parlamento vasco rechazaron la proposición de ley presentada por Bildu para obligar a las empresas que operan en el País Vasco a atender al público y rotular sus productos y distintivos en euskera. La propuesta afectaba a todas empresas, aunque las sanciones, que llegarían hasta los 6.000 euros, se reservarían para las grandes compañías de determinados sectores.
La parlamentaria del PNV Garbiñe Mendizabal recordó a la coalición de la izquierda abertzale que existe una normativa legal, el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias, que «ya defienden los derechos de los consumidores», por lo que no ve «necesaria» la propuesta. «Contamos instrumentos eficaces», ha asegurado.
Además, cree que el texto de Bildu no aporta mejoras, ya que lo que busca es convertir en ley un decreto, «utilizando» 17 de los 20 artículos del actual texto en vigor e introduciendo modificaciones en los artículos que afectan a las sanciones al «ampliarlas a todo tipo de empresas, instituciones y establecimiento». «No está claro el marco de aplicación y por ejemplo, hablan de Movistar como una gran empresa pero también podría afectar a un carnicería pequeña», ha criticado.
El parlamentario del PSE Vicente Reyes cree que las sanciones «perjudican» al euskera y ha recordado que durante el Gobierno de Patxi López, se eliminaron las multas lingüísticas a las empresas. Además, ha defendido que toda la legislación que se haga en este sentido «se debe hacer con consensos amplios buscando la pedagogía, no la imposición».
Para Reyes, «no es real el panorama agónico que Bildu dibuja sobre la situación del euskera» y tras reconocer que la lengua vasca necesita ganar hablantes y adhesiones, ha criticado que la propuesta de la coalición «lleva a la desafección, al sentido contrario», ya que «aleja a las personas por las multas y por el ataque al bilingüismo».
Proyecto de «imposición»
Desde el PP, Iñaki Oyarzábal ha rechazado la iniciativa de Bildu por considerar que se trata de un proyecto de «imposición» que «pretende generar obligaciones a los ciudadanos en el ámbito privado mediante sanciones y multas, y señalamiento social para quienes no se plieguen a sus exigencias».
Además, ha afirmado que en la actualidad hay 230.000 alaveses que dicen no conocer el euskera, mientras que en Vizcaya la cifra asciende a 840.000 personas y son 300.000 en Guipúzcoa. «Son la mayoría de este pueblo y ustedes quieren limitar sus derechos con esta proposición de ley», ha denunciado antes de defender «un euskera sin imposiciones y desde la libertad».
El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha recordado que en la anterior legislatura socialista respaldó la eliminación de las «multas lingüísticas» y ha insistido en que cree que obligar a empresas y comerciantes como plantea Bildu «supone injerencia del Estado en el ámbito privado». Además, considera un «despropósito imponer euskera a base de medidas coercitivas». «No se consigue nada mas que le hartazgo de la sociedad y se vulneran los derechos», ha insistido.
Por su parte, el parlamentario de Bildu Xabier Isasi ha lamentado el «eco» que ha tenido la propuesta de la coalición, lo que cree que demuestra «la cruda situación que vivimos desde hace mucho tiempo» los vascoparlantes. En este sentido, ha lamentado los «insultos» del diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), en los que, hablando del euskera, llamó «morralla» a Bildu. «No nos acostumbramos, no entendemos ese odio hacia nosotros ni la impunidad al insultarnos», ha indicado.
Isasi ha defendido que «todos los derechos, especialmente los lingüísticos, no se pueden llevar a cabo sin obligaciones» y, ante los datos que muestran que el uso del euskera «no está mejorando en los últimos años», es necesario «hacer algo al respecto».
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