Rechazada la propuesta de Bildu de multar a las empresas que no atiendan en euskera
El Gobierno vasco responde que su régimen de sanciones de 6.000 euros es «arbitrario» y que ya existe una normativa en vigor
Portazo a la propuesta de Bildu de imponer sanciones a aquellas empresas que no atiendan en euskera, en concreto bancos, compañías eléctricas y telefónicas, articulada bajo la proposición de ley «de derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias y obligaciones del sector». El consejo de gobierno vasco mostró este martes su criterio desfavorable a la toma en consideración de esta medida lanzada por el partido «abertzale» .
El ejecutivo autonónomico considera que la iniciativa es «innecesaria» porque ya existe una normativa vigente para reconocer y garantizar los derechos lingüísticos de las personas consumidoras y usuarias, que data de 2003 y fue modificada en 2012. Añade que esta normativa no ha quedado «ni anticuada, ni superada por la realidad» sociolingüística existente y aboga por contribuir a su cumplimiento en lugar de sumar nuevas leyes.
El gobierno vasco se muestra muy crítico. Afirma que la propuesta «no reporta ninguna mejora significativa» y considera que «el régimen de sanciones que incluye (...) es, en primer lugar, arbitrario ya que son sólo incluye multas de 6.000€ para algunos sectores mientras que otros -como por ejemplo el sector del transporte, los establecimientos colectivos, etc.- quedan exlcuidos».
Añade que «un sistema sancionador no es hoy lo más eficaz, ni lo más incentivador para el fomento del euskera en el ámbito del consumo, ni para el ejercicio efectivo de los derechos lingüísticos de las personas consumidoras». Considera en cambio más acertado llevar a cabo políticas transversales para alcanzar la normalización lingüística.
Decisión de la que dio cuenta, tras concluir la reunión del Consejo de Gobierno vasco, su portavoz Josu Erkoreka, quien subrayó que «no hay laguna normativa», aunque la actual ley solo se cumplen en un 22%, y afirmó que Bildu, en parte, se limitó a copiar la normativa actual, incluida la creación de un «sello de compromiso lingüístico.
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