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Garre: “Ante la corrupción, tolerancia cero"
"Transparencia, códigos de buen gobierno y fácil acceso a la información, son mecanismos esenciales ante la sociedad"
El presidente de la Comunidad Autónoma, Alberto Garre, defendió este jueves la importancia de dotar a la Administración Pública de mecanismos y herramientas que, definitivamente, pongan coto a la corrupción, y reclamó una justicia ágil e independiente. “Ante la corrupción, tolerancia cero, y ante los indicios y la investigación, resoluciones rápidas, eficientes y justas”, dijo.
Garre realizó estas declaraciones en el acto institucional de apertura del curso 2014-2015 de todas las Reales Academias y Academias Científicas y Culturales de la Región, que se celebró en el Museo Arqueológico de Murcia, y que contó con la presencia del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y vocal de Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande Marlaska.
El magistrado fue el encargado de pronunciar el discurso inaugural, que versó sobre ‘Ética pública, ética judicial: herramienta frente a la corrupción’. El presidente Garre felicitó a Grande Marlaska por su intervención y por profundizar en un tema “tan interesante como oportuno y actual, que precisa de mentes claras y lúcidas para abordarlo, como lo ha hecho el magistrado, desde el punto de vista judicial”.
El jefe del Ejecutivo regional aludió a la transparencia, a los códigos de buen gobierno y al fácil acceso a la información por parte de los ciudadanos, como mecanismos esenciales para “responder a una sociedad cada vez más crítica, exigente y responsable”. Para Garre, estas herramientas han de ir acompañadas de un comportamiento ético por parte de los responsables públicos, y también por parte de jueces y magistrados.
Garre recordó que son asuntos de suma transcendencia que el Gobierno regional está abordando desde los primeros momentos tras su toma de posesión, con iniciativas como la Ley de Transparencia, la limitación de mandatos del presidente a dos legislaturas o la Ley de Buen Gobierno y del Estatuto del Cargo Público. Esta última convertirá a la Región en la primera comunidad autónoma en crear un código ético de rango legal y obligado cumplimiento, que prevé sanciones para los incumplidores.
