La Justicia condena a Pérez León por vulnerar el derecho de libertad sindical

La actual portavoz del grupo socialista en la Diputación, María Antonia Pérez León, ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por un delito de vulneración del derecho fundamental de libertad sindical. La resolución ha venido dada por un recurso contencioso-administrativo seguido a instancia de uno de los sindicatos con representación en la Diputación, Unión de Profesionales Independientes (UPID).

El recurso se interpuso contra el acuerdo de Pleno de la Diputación celebrado el 20 de septiembre del año 2010, donde se habló de la creación del Organismo Autónomo Provincial de Gestión y Recaudación Tributarias de las entidades locales de Guadalajara y aprobación de sus estatutos reguladores. En ese momento, y según la Justicia, se reconoce que «no se negoció el sistema de provisión del puesto de director gerente, puesto de nueva creación en el Organismo Autónomo de Recaudación, en relación con el cual el Estatuto Básico del Empleado Público incluye en la negociación colectiva las normas que deben fijar los criterios generales en materia de acceso, carrera o provisión, aspectos que, sin embargo, la actual portavoz socialista ignoró», manifiestan desde el Grupo Popular en la Diputación. Así, según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Pérez León no debatió sobre las condiciones en las que se contrataría a ese nuevo director gerente.

La sentencia considera igualmente que existió vulneración de otras normas sobre personal al servicio de las administraciones públicas, concretamente la relativa a los habilitados nacionales y a las funciones encomendadas por ley a los mismos, funciones reguladas en una norma con rango de Ley que los Estatutos del Organismo Autónomo aprobados por Pérez León pretendían contravenir.

El Organismo Autónomo de Recaudación fue suprimido mediante acuerdo plenario de disolución, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2012, siendo efectiva la misma desde el 1 de marzo de 2012.

Desde el grupo popular se recuerda que «no es la primera vez que la portavoz socialista es condenada en materia de personal» ya que, siendo diputada responsable de Personal, en el mandado 1999-2002, el Tribunal Supremo ya la condenó también por su forma de proceder en la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2002, «declarando la nulidad de pleno derecho de la misma y deslegitimando sus actuaciones en este ámbito».