Una ley obligará a los cargos de la Xunta a pagar su defensa si pierden

El Consello de la Xunta aprobó ayer el último de los proyectos de ley incluidos en el paquete del llamado «impulso democrático» comprometido por el presidente, Alberto Núñez Feijóo. Se trata de una futura ley que regulará la asistencia jurídica a empleados públicos y a autoridades de la Administración autonómica con conflictos en los tribunales y que hasta ahora se regían por una norma de 1984. Entre las principales aportaciones del nuevo texto se encuentra la cobertura de los «vacíos legales» existentes y la atribución a la Asesoría Jurídica de la Xunta —y no solo la Consellería de la que dependa el empleado público o cargo en cuestión— la que decida si el imputado es finalmente defendido. Además, recoge la disposición de que si el demandado perdiese el juicio deberá abonar los gastos generados.

Otro de los aspectos contemplados en la futura ley es que será la Asesoría Jurídica de la Xunta la que determine si se hace cargo de la defensa del empleado, a la par que se contempla el rechazo de la defensas de cualquier empleado público o cargo en cuya actuación haya «indicios» de que ha actuado «contra los intereses de la administración» . Si la defensa se autoriza y dichos indicios aparecen una vez que ya ha avanzado el procedimiento podrá ser «revocada» en cualquier momento.

Tal y como había apuntado el presidente Núñez Feijóo en la presentación previa de esta norma, si se niega la defensa a un empleado público o autoridad por una actuación en el ejercicio de sus funciones y éste resulta absuelto también deberá ser indemnizado por la Administración. Finalmente, el presidente destacó que el texto desarrolla, además, el principio de calidad normativa que fue introducido también en la Ley de Racionalización. Así, en desarrollo de esa ley se aprobaron unas directrices de técnica normativa para unificar los criterios estructurales y formales de las normas que elabore la Xunta. Ahora, se le asigna legalmente a la Asesoría Xurídica la misión de velar por su cumplimiento garantizando «la homogeneidad y la claridad» de todo el ordenamiento jurídico gallego para que el procedimiento sea más garantista.