La Xunta pide dar tiempo al acuerdo lácteo y evitar el «catastrofismo»

El Gobierno gallego confía en que el acuerdo lácteo firmado a tres bandas — producción, industria y distribución— no tarde en surtir efecto sobre un sector que ha vivido en los últimos meses la peor crisis de su historia, pero es consciente de que su reflejo no será inmediato. Es por ello que pide tiempo e insta a los actores implicados y especialmente a la oposición política a no caer en «augurios catastrofistas antes de que empiece a andar». Preguntada a este respecto, la directora xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Patricia Ulloa , recordó que los precios de la leche están fuertemente condicionados por la «volatilidad» del mercado global, pero aún con ello prevén una buena evolución tras el pacto alcanzado en Madrid el pasado 23 de septiembre.

Ulloa respondía así interpelada por la diputada nacionalista Tereixa Paz en la comisión de Agricultura del Parlamento gallego sobre la situación de sector, dando pie a la directora xeral a recordarle que el Ministerio asumió la función de «garante» del acuerdo suscrito. Convencida de que los últimos datos de subastas de Fonterra —marca la tendencia de los precios a nivel mundial— «influirán de forma positiva en el precio pagado en las explotaciones en los próximos meses» , puso el acento en que las ganaderías deben conocer el límite de rentabilidad «individualizado». Según expuso, «no es realista, ni factible y menos justo» establecer costes con carácter generalizado.

Por otro lado, coincidiendo con su visita a Galicia, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina , quiso aclarar que la Ley y el Real Decreto de Costas dan «garantías a todo el mundo de que serán consideradas sus especificidades» . Lanzaba así un mensaje de «tranquilidad» a los residentes en núcleos excluidos del dominio público marítimo-terrestre en la reforma de 2013, caso de la localidad pontevedresa de Moaña. La titular ministerial aseguró que se está avanzando en una orden que permita formalizar esa exclusión. «La Ley —dijo— requiere una tramitación administrativa que no es sencilla, pero las garantías están dadas».