La Xunta activa un plan para rehabilitar más de 1.500 viviendas

En la reunión del Consello de la Xunta de ayer tuvieron una gran presencia las cuestiones relativas a la vivienda y el suelo. El Ejecutivo gallego aprobó la firma de los convenios con el Ministerio de Fomento y con 38 ayuntamientos de la Comunidad para acometer la restauración de 1.660 edificaciones en 54 Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) distintas.

Las ayudas incluidas en los citados acuerdos permitirán subvencionar actuaciones ejecutadas por los propietarios de las viviendas situadas en dichas áreas, así como otras obras de urbanización o reurbanización en los municipios. Con las nuevas ARI declaradas, entre las que destacan la coruñesa San Vicente de Elviña, el ferrolano Barrio de Esteiro Vello o el vigués polígono de Coia , Galicia suma 66 zonas con esta categoría desde su creación en 1996. Además, el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, quiso ponderar especialmente el área de rehabilitación de los Caminos de Santiago, por albergar a 107 municipios distintos en las cuatro provincias . Sobre esto, Feijóo valoró que gracias a estos convenios en las últimas dos décadas en Galicia se han podido acondicionar más de 11.300 viviendas.

También en el marco del urbanismo, y con la premisa de que «es mejor restaurar las viviendas construidas que hacerlas nuevas», Feijóo anunció que se remitió al Parlamento la nueva Lei do Solo, un texto que ha calificado en varias ocasiones como «una de las leyes más importantes del mandato y de la década» , con voluntad de que dure en el tiempo y de alcanzar un gran consenso con ella. No en vano, el presidente gallego apuntó que incorpora «8 de cada 10» aportaciones que se le han realizado en las reuniones con 75 organizaciones implicadas.

Entre las novedades más destacadas están la simplificación de la norma o el hecho de que en los concellos con menos de 5.000 habitantes, que tienen mayores problemas para planificar su desarrollo urbanístico, la Xunta se encargará de realizar sus PGOM si lo precisan, con la aspiración de que al final de esta década todos cuenten con uno . Además, la regulación apuesta por el desarrollo sostenible, la protección del paisaje y el aprovechamiento económico del rural.