La Diputación de Orense no tendrá que devolver 10 millones de euros a Europa
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima las alegaciones del ente provincial al haber prescrito el periodo de reintegro
La Diputación de Orense no tendrá que devolver los más de 10 millones de euros que le venía reclamando la Unión Europea y que la institución provincial había destinado hace casi una década a la instalación de 107 depuradoras en distintos municipios. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) exime al organismo que preside Manuel Baltar Blanco de este reintegro al darle la razón en las alegaciones que había presentado . El propio presidente orensano compareció ayer para informar de lo que considera «una victoria jurídica que favorece» a los intereses de su provincia , dado el varapalo que hubiera supuesto este importante desembolso.
La sentencia del tribunal madrileño respalda a la Diputación de Orense frente al Ministerio de Hacienda —que era quien reclamaba a instancias de la Oficina Europa de Lucha contra el Fraude (OLAF)— al «entender que prescribió la acción de reintegro que dio lugar a la resolución que se impugna ». El fallo se limita a aspectos formales y no entra en el fondo de la cuestión por considerar, como reclamaba la Diputación, que no había lugar a esta revisión. «Dado que la acción de reintegro prescribió al transcurrir cuatro años desde que se cerró el proyecto (en los años 2006 y 2007), las actuaciones de investigación iniciadas en octubre de 2011 estarían fuera de plazo», señala el TSJM.
Esta decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este tribunal se suma a la de hace un año del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Orense , que cerró esta cuestión a la vía penal. El fallo tiene fecha de 30 de septiembre y se puede impugnar en un plazo de diez días ante el Tribunal Supremo con recurso de casación .
La UE exigía estos fondos, empleados en 107 depuradoras, al apreciar un presunto fraude cuando José Luis Baltar Pumar presidía la Diputación . Frente a ello, los afectados habían defendido —como recuerda Efe— que habían respetado «escrupulosamente» la normativa y que podían establecer las prescripciones técnicas que considerasen más convenientes para garantizar la máxima calidad de los suministros en la instalación de las citadas depuradoras.
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