«La mujer discapacitada del rural sufre una triple discriminación»

abraham coco

20/09/2015
Actualizado a las 12:34h.

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—Veinticinco años de Cogami. ¿Dónde estábamos entonces y dónde nos encontramos hoy en materia de discapacidad en Galicia?

—No existíamos. Estábamos completamente excluidos de la sociedad. Con el trabajo de las administraciones públicas y el movimiento asociativo hemos ido poniendo encima de la mesa propuestas para resolver parte de nuestras necesidades, defendiendo y promoviendo nuestros derechos, reivindicando un cambio social y de mentalidad de políticas públicas. No podíamos acceder al empleo y, aprovechando recursos del Fondo Social Europeo, hicimos proyectos de formación y prospección empresarial. Hemos sido capaces de realizar once iniciativas y se están generando 950 puestos de trabajo directos mayoritariamente para personas con discapacidad.

—¿Cómo se ha capeado la crisis? ¿Va quedando atrás? ¿Ha supuesto un retroceso de derechos para el colectivo?

—En estos últimos ocho años de especial dificultad hubo un apoyo decidido de la Xunta. Pero la crisis no va quedando atrás. Somos un grupo social con muchas necesidades para equipararnos al resto. Es una cuestión de justicia social:no fuimos nosotros quienes llevamos al país a la crisis y no podemos ser los primeros en padecerla. Las administraciones tienen que involucrarse con recursos económicos para que la igualdad de oportunidades sea de una vez por todas real y efectiva.

—En la reciente celebración del aniversario no evitó hablar de la problemática del ERE en la Rede Galega de Kioscos (Regaki). Hubo protestas ese día. ¿Cómo está esa situación?

—No la evité ni la quiero evitar porque no tenemos nada que esconder y, además, son compañeros que están en una situación de desempleo. Pero hasta que el 11 de agosto hubo una resolución judicial, legalmente no podíamos trabajar con ellos. A partir de ahí, desde nuestro servicio de intermediación laboral se ha contactado para ayudarles a buscar empleo. Otra cosa es que el sindicato de la CIG tenga otros intereses y no esté defendiendo sus derechos.

—¿Cómo se llegó a este extremo?

—En la iniciativa de kioscos se ha puesto más de un millón de euros en los últimos cinco años y acarreaba pérdidas. Solo un año fue viable. Es razonable que tomemos decisiones justas. Se estaba poniendo en peligro otro número importante de puestos de trabajo y proyectos, porque Cogami trabaja en empleo, pero no es su principal baza. Presta servicio a casi 40.000 personas.

La decisión fue dolorosa, pero hubo que tomarla. Hace dos años, sentados con sindicatos, les propusimos que, antes de cerrar la iniciativa, les regalábamos los kioscos a las personas que los quisieran. Había un grupo interesado, pero la CIG no quiso. Si se hubiera hecho así, treinta o cuarenta personas estarían hoy trabajando, y las otras veinticinco estarían recolocadas.

—¿Cómo ha cambiado la percepción de la discapacidad en la sociedad?

—Hoy es mucho más sencillo ver a personas con discapacidad en cualquier ámbito: una actividad deportiva, un trabajo, un restaurante... Esto ha ido cambiando, aunque no al ritmo que nos gustaría. Una sociedad avanzada no puede prescindir de parte de su población. Representamos, a nivel estatal, un 11%.

—¿Qué barreras persisten?

—Seguimos teniendo muchas dificultades en los sistemas de transporte. Aunque España se adhirió a una convención de la ONU en 2008, aún no se han puesto en marcha los mecanismos necesarios para modificar las normas correspondientes y darle cumplimiento. Seguimos teniendo ciudadanos de primera y de segunda. En la formación, no tenemos las mismas facilidades en la educación obligatoria. En el empleo, la tasa de paro duplica a la general y la de inactividad, la triplica. Los recortes en políticas de empleo nos dieron de lleno. Y, a mayores, hay que lograr que una persona pueda decidir sobre su vida libremente: dónde quieren vivir, con quién... Esto es hoy una utopía.

—¿Y en el rural? ¿Qué brecha existe respecto a las principales ciudades?

—No hay servicios análogos respecto a las de las personas de las ciudades. Y si es una mujer, triplemente excluida. Debemos incentivar políticas de igualdad y poner recursos para empoderar a las mujeres con discapacidad e ir rompiendo esa brecha tan importante.

—¿Cómo se trabaja en ese segmento?

—Hay en marcha programas y algún centro de atención por comarcas. Se garantizan servicios mínimos, pero si no existe un servicio de transporte adaptado, no se garantiza que una persona pueda hacer sus actividades cotidianas. Eso encarece el servicio, pero no quiere decir que la persona no tenga derecho. Es de justicia prestárselo.

—¿La autonomía en los entornos urbanos sí se está consiguiendo?

—Tampoco. Aunque es cierto que en el rural a veces las personas no tienen ni información sobre sus derechos.

—¿Tras veinticinco años se abre una nueva etapa con nuevos proyectos?

—Tenemos proyectos para potenciar las capacidades de las personas del rural. Hay que incidir en la formación y potenciar empresas de economía social, aunque no tenemos vocación de ser empresarios. Ojalá no fueran necesarias este tipo de iniciativas y que las absorbiera el mercado laboral ordinario. Pero la realidad es que tenemos que hacerlo: vamos a abrir un centro de promoción de la autonomía personal en Mos, otro en la comarca del Deza, uno en Xove (en A Mariña), en Tomiño... En Vigo queremos abrir una oficina importante porque ahí tenemos unas 8.000 personas que demandan servicios.

—¿Con qué palabra resumiría estos veinticinco años de Cogami?

—Inclusión.

—¿Y cuál le gustaría que fuera el titular del 50 aniversario?

—Innovación y progreso.

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