El tiro en el pie

Alguien asesora mal a los ganaderos. Les ha recomendado una hoja de ruta más propia de matones en plena Ley Seca que de un sector en conflicto, aunque bien es cierto que todos sus desmanes han sido consentidos por los poderes públicos, por miedo a perder la batalla de la opinión pública y porque hay unas elecciones a la vuelta de la esquina. Fue un error secuestrar dos capitales para usarlas como elemento de presión a las administraciones en su pulso con la industria. Porque los ciudadanos saben a la perfección de qué va el conflicto lácteo, y no necesitan esos repartos de leche más propios de la posguerra. Claro que tenían pleno derecho a manifestarse un día, a usar la calle para hacerse notar y gritar su desesperación. Eso es una cosa, y otra convertirse en vulgares asaltadores de camiones, robando su contenido y maquillando el delito con la donación de lo «incautado» al Banco de Alimentos.

Por mucho que les moleste, ni Día, ni Alcampo, ni Carrefour, ni Mercadona, ni Gadis, ni Eroski hacen nada ilegal en la comercialización de su leche envasada. Hoy ya hay mecanismos para denunciar a las grandes superficies que incumplan la Ley de Cadena Alimentaria y vendan a pérdidas. Por tanto, la solución no es bloquear supermercados y poner en jaque los empleos que de ellos dependen.

Han dejado las ciudades pidiendo perdón, porque con sus tractoradas han ocasionado no pocos perjuicios en la cotidianidad de la gente. Y se han ido a las industrias, como si de su secuestro no se amenazaran empleos de trabajadores que en nada han ofendido al sector lácteo.

Pero el mayor error de este conflicto, el tiro en el pie que aplauden de manera irresponsable los partidos de la oposición —azuzan al ganadero por simple interés electoral— es despreciar la propuesta de acuerdo del Ministerio exigiendo condiciones que son abiertamente ilegales. No tendrán una ocasión semejante para someter a la industria, esa misma a la que le están haciendo perder millones de euros con su boicot delictivo.

Por cierto, del mismo modo que Xunta y Ministerio son garantes de la legalidad en el contenido del acuerdo, deberían serlo para garantizar el normal funcionamiento de las grandes superficies. No se puede ser legalista para las cláusulas de una norma y mirar para otro lado cuando un puñado de ganaderos pandilleros impiden el reparto de suministros como si estuviésemos en el Salvaje Oeste.