Candia rebate el último ataque del PSOE con un informe de Besteiro

La guerra sin cuartel que el PSOE le ha declarado a la presidenta de la Diputación de Lugo escribía este viernes un nuevo capítulo. Los socialistas acusan a Elena Candia de haber cobrado una dedicación exclusiva de 50.000 euros desde enero de 2012 y hasta junio de 2015 (momento en el que toma el timón de San Marcos) mientras ejercía otra actividad profesional. Según la denuncia de los socialistas, la titular provincial estuvo cobrando, en su etapa como diputada, 34.000 euros al año en comisiones por su trabajo de agente de seguros, sin solicitar la compatibilidad que se le requiere a los cargos públicos.

Pues bien, un informe al que ha tenido acceso ABC desmiente la versión de los socialistas . El documento, firmado por el secretario y bajo mandato de José Ramón Gómez Besteiro, concluye que las actividades mencionadas « no se encuentran incursas en el régimen de incompatibilidades , al estar excluidas del mismo, dando cumplimiento a la legislación vigente y, por ello, sin consecuencia alguna en cuanto al régimen de retribuciones que, en el ejercicio de su dedicación exclusiva, percibe».

Así se recoge en el informe al que este viernes hacía alusión Candia preguntada al respecto de las acusaciones socialistas en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno provincial. Una hora antes, el diputado Álvaro Santos , acompañado por más miembros del PSOE, habló de «escándalo mayúsculo» pidiendo incluso su dimisión.

Pero las acusaciones vertidas por el socialista no se quedaron ahí y se refirió a la titular de la Diputación como «presidenta comisionista» después de que se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia una nueva relación de bienes de los diputados. Santos reprochó a Candia hacer una «trampita» una vez tuvo el bastón de mando en sus manos. Según indicó, «el 14 de julio de 2015 el pleno de organización aprueba su dedicación exclusiva como presidenta de 63.000 euros, mientras sigue siendo máxima responsable de la oficina de Mapfre, pero nunca llevó a pleno la aprobación obligatoria de compatibilidad, entonces el día 22 constituyó una nueva sociedad en la que tienen el diez por ciento de la participación».

En este sentido, la presidenta defendió que para adaptarse a la ley de incompatibilidad de altos cargos tuvo que transformar su actividad económica, «que tenía declarada» para cederla a una sociedad, de la que tiene un 10% de participación y no es administradora, como ordena la ley.