La mejor propuesta posible

Ayer en la Xunta reinaba una satisfacción contenida por el texto presentado por el Ministerio. Son sabedores de que se ha llegado en su redacción al límite de lo legal, recogiendo las demandas de los ganaderos pero con todas las cautelas necesarias para que el Tribunal de la Competencia de la UE no pueda abrir una investigación ante una posible fijación ilegal de precios. «Hay buenas sensaciones», comentaban los próximos a la conselleira Rosa Quintana, sabedores de que todavía faltan algunos flecos por limar y que las distintas asambleas de productores validen el texto.

En él se recoge la demanda histórica del campo gallego: establecer el compromiso de la industria de garantizar la sostenibilidad de los ganaderos. ¿Redacción vaga? ¿Brindis al sol? Cualquier referencia explícita a «precio mínimo» o una cuantía sería automáticamente sancionada por Competencia. Francia tampoco lo hará, consciente de la circunstancia. Y sobre todo, la novedad es la total transparencia que se introduce en las relaciones entre productores y transformadores, un elemento que dificultará las malas prácticas y el abuso de poder.

Otra de las novedades es el compromiso adoptado por la ministra García-Tejerina de recoger en un Real Decreto las principales medidas del acuerdo, de manera que se las dote de rango legal y puedan ser exigidas más allá de la buena voluntad de las partes. Es lógico el recelo del eslabón más débil de la cadena, pero lograr más es abiertamente imposible.

Otra novedad es que no serán las patronales quienes tengan que rubricar definitivamente la propuesta presentada ayer, sino que las distintas industrias y grandes superficies, con nombres y apellidos, tendrán que retratarse ante la opinión pública. Es decir, el consumidor sabrá con total fiabilidad qué marcas compran leche sostenible y cuáles no, y que cada uno actúe dentro de su libertad a la hora de ir al supermercado.

Pero los productores no sólo salen con ventajas debajo del brazo. El texto ministerial también les pone deberes, tales como la necesidad inminente de que se organicen y dejen de hacer cada uno la guerra por su cuenta. Exactamente lo mismo que desde hace meses viene reclamando la conselleira de Medio Rural. La foto de siete representantes en la mesa con Feijóo y Quintana del pasado miércoles sólo evidencia que unos no se fían de otros, una desconfianza que sólo redunda en beneficio de la industria.

El Ministerio ha hecho su trabajo, «escuchando mucho a Galicia», aseguran desde la Consellería, «y gracias al presidente Feijóo, que se ha hecho notar», recalcan. «Ahora lo que hay es que sacar al sector del juego político», añaden quienes mejor conocen el agro. No va a ser fácil a la vista de las primeras valoraciones del borrador conocidas ayer. Casualmente, de sindicatos agrarios de directa filiación política, como Unións Agrarias, cuyo secretario general, Roberto García, fue abucheado estos días en las asambleas de ganaderos de Compostela.

Quienes insistan desde estas organizaciones en que se debe poner un precio mínimo en el texto del acuerdo lo que quiere, precisamente, es que no lo haya. Y detrás sólo hay una intencionalidad política alimentada por la inminencia de las elecciones generales. Si los sindicatos agrarios no validan esta propuesta, quedará demostrado que no defienden los intereses del sector, sino los suyos propios. Sigue sin interesarles que haya unidad, porque entonces se les acaba el cuento.

Su problema es que ahora deben explicar a los ganaderos que los engañaron cuando les dijeron que podía exigirse un precio mínimo y fijarlo por ley. Quizás para no reconocer que actuaron de manera mezquina con un sector dividido, ahora sean capaces incluso de decir que este texto no les vale. Y desde luego, este es el mejor acuerdo posible. No hay otro.