El fiscal pide 15 meses de cárcel para la alcaldesa de Viveiro por prevaricación
El presunto delito urbanístico salpica también a la secretaria de Salud de la Ejecutiva socialista de Besteiro
Los problemas judiciales aumentan en el PSdeG. A once días de que su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, declare como imputado ante la juez De Lara, la situación se oscurece también en Viveiro , cuya alcaldesa, María Loureiro, concurrió ya imputada a las elecciones por un presunto delito de prevaricación urbanística. Salvo sorpresa, esto la obligará pronto a sentarse en el banquillo y, por consiguiente, a dejar su puesto para cumplir el Código Ético de su formación. La Fiscalía pide para ella 15 meses de cárcel e inhabilitación para el cargo público durante ocho años . El caso —que se remonta a la concesión de licencias entre 2006 y 2008, cuando el fallecido Melchor Roel era regidor de este concello lucense— salpica también a una de sus teniente de alcalde, María Isabel Rodríguez, que es miembro de la Ejecutiva de Besteiro, donde es responsable de temas de salud.
En un escrito al que ha tenido acceso ABC, el fiscal solicita a laAudiencia Provincial de Lugo la apertura de juicio oral contra ambas, contra dos exconcejales socialistas, un exedil del BNG y un técnico contratado de manera temporal por el Ayuntamiento para que, según el escrito del Ministerio Público, autorizara operaciones urbanísticas que un ingeniero municipal venía denegando reiteradamente.
« En diciembre de 2005 , debido a las dificultades del Concello de Viveiro para desarrollar su actividad urbanística de un modo ordenado y seguro, así como por las dificultades y el coste de elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, se decidió requerir a la Xunta para que elaborara unas normas provisionales de urbanismo para aplicar», explica el fiscal en su escrito. Al divulgarse esta petición, llegaron al Ayuntamiento en los meses siguientes «gran cantidad de licencias de obra mayor» para «que se les aplicaran las normas en vigor», a quienes se les cobraron las tasas habituales de este tipo de licencias aún sin conceder.
Era abril de 2006 y la Xunta —gobernada entonces por el bipartito— prohibe el otorgamiento temporal de licencias de obra. A finales de junio de ese mismo año el gobierno autonómico define las normas provisionales de ordenación urbanística en Viveiro. El decreto publicado, explica el fiscal, obligaba a que las licencias en tramitación en el mes de abril —más de 150— deberían tramitarse conforme al decreto de juni o. Entre otras medidas, esa decisión forzaba al Ayuntamiento a la devolución de las tasas, pues el cambio normativo provocaba «que no se ajustaran al ordenamiento en vigor».
Silencio como «subterfugio»
El fiscal sostiene que entonces Roel «en connivencia con su socio de gobierno Francisco Luis Rodríguez [...] decidieron acudir a la vía del silencio administrativo para aprobar las licencias que tenían pendientes». Consultaron a un experto en Derecho ajeno al Concello que, «con carácter general», veía la operación con buenos ojos, aunque su «interpretación [...] fue rechazada por el Tribunal Supremo» en 2009 al resolver que «no es posible adquirir por silencio administrativo licencias urbanísticas en contra del ordenamiento jurídico». El Ministerio Público asegura que en Viveiro esa vía «fue utilizada en algunos de casos de un modo acorde», pero en otros se usó «como subterfugio» y que los criterios se fijaron incluso antes de recibir el citado informe cuyas conclusiones refutó el TS.
Las licencias enumeradas por el fiscal hablan de informes técnicos negativos, carencias de informes jurídicos para su aprobación y denegaciones de la Comisión Territorial de Patrimonio Histórico que, no obstante, no impedían que salieran adelante por unanimidad en la Junta de Gobierno. Esos informes técnicos negativos de un ingeniero municipal derivaron en «una situación de enfrentamiento con el alcalde», que llevó a este a la contratación de un sustituto durante tres meses «para que informara de un modo diferente» ya que los del anterior «no favorecían la estrategia de Roel para poder otorgar licencias por la vía del silencio administrativo». Sus resoluciones son, según el fiscal, «carentes de fundamento» e incluso «llegó a elaborar informes en fecha posterior a su teórico cese para posteriormente cambiar la fecha real del informe », de ahí que en su caso se le acuse también de un delito de falsedad documental.
Ni Loureiro ni Rodríguez estuvieron en todas las juntas de gobierno, pero sí en una —destacada por el fiscal— donde la licencia fue aprobada «pese al informe y la advertencia en contra de su legalidad formulada por la secretaria municipal». La pena solicitada por él para ambas es idéntica. La acusación particular —ejercida por el exalcalde del Partido Popular César Aja— eleva las peticiones para algunos implicados. Para Loureiro, abogada, reclama dos años de prisión.
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