El PSOE orensano se defiende ante el juez por viejas decisiones

Uno de los diversos embrollos judiciales que protagonizaron los socialistas a lo largo de la pasada legislatura en Orense, ciudad que perdieron en las pasadas elecciones, ha obligado este viernes a declarar como imputados al exalcalde de la ciudad, a algunos de quienes fueron sus concejales y al hoy portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Ángel Vázquez Barquero . Todos ellos respondieron por el nombramiento como directora de Recursos Humanos del Concello de Carmen Rodríguez Dacosta , que hoy es la número dos de su formación en el Consistorio de As Burgas.

«El procedimiento fue irreprochable y no se puede decir que la plaza estaba predeterminada para Carmen Rodríguez porque en ese caso hubiese sido más fácil por decreto local y no fue así», expuso a la salida de los juzgados el exregidor acompañado de todos sus excompañeros salvo de Vázquez Barquero, que salió en solitario y también se defendió: «Creo que va a quedar absolutamente claro que actuamos con legalidad y pienso que quedaremos todos exculpados» . Para la exconcejala Áurea Soto , que dimitió durante su mandato por una imputación relacionada con su área de urbanismo, la citación judicial «no tiene ni pies ni cabeza», pese a que fue solicitada recientemente por el fiscal y el Juzgado de Instrucción 3 de Orense lo admitió.

Todos respondieron «a todas las preguntas» de las partes y ratificaron que, a su entender, habían seguido un procedimiento adecuado en el nombramiento que, además, se ajustaba a los informes previos de los técnicos municipales, señala Ep. No obstante, esa designación ya fue anulada por dos sentencias que hablaron de «desviación de poder».

«Dejamos bien claro que hicimos un procedimiento muy escrupuloso, con bases, con publicidad y con concurrencia» , declaró Fernández, que estaba al frente de la Junta de Gobierno que en 2013 resolvió el nombramiento. Aseguró que así se hizo también «con todos los directores generales que nombramos y sobre los que nadie puso pega alguna». De haberse producido errores, los socialistas argumentaron: «Entendemos que no puede hablarse en ningún caso de responsabilidades penales».