La izquierda radical gallega pide no prohibir las subvenciones a partidos con condenados por terrorismo

Parece un renglón más del farragoso trabajo burocrático que implica el enfrentamiento partidista para aprobar una ley; un simple paso en un trámite administrativo hasta que el texto pasa a ser efectivo; una enmienda parcial sin importancia a un punto de un artículo de una normativa autonómica que se remite a una ley estatal. Una nimiedad de tal calibre que en ningún momento se puso sobre la mesa cuando el Parlamento gallego debatió la norma que pasará a regular la financiación de las formaciones políticas gallegas, así como de las fundaciones y asociaciones vinculadas a ellas.

La ley, uno de los compromisos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dentro de sus denominadas medidas de «impulso democrático» y lucha contra la corrupción nació con la idea de poner coto a posibles focos para la comisión de irregularidades en la captación de fondos de los partidos. Alguna de sus medidas estrella era la de restringir las subvenciones públicas a partidos que reciban donaciones privadas y establecer mayores mecanismos de control en las cuentas de las formaciones.

Las discrepancias en cuestiones como la prohibición de la condonación de las deudas adquiridas con entidades financieras a los partidos o el peso que la norma establecía de la financiación pública y privada centraron el desacuerdo de los grupos en la discusión sobre la admisión a trámite. De este modo, varios de ellos —incluido Alternativa Galega de Esquerda—, presentaron una enmienda de devolución para que el texto quedase sin efecto. Pese a ello, la mayoría popular de la Cámara le dio luz verde y continuó el proceso .

Una vez descartada la rectificación total, llegó el momento de que los grupos presenten sus enmiendas parciales, y es aquí donde AGE desata la polémica al pedir que se suprima del texto gallego el segundo punto del artículo 17, que prohíbe expresamente que se destinen fondos públicos a partidos que se vean implicados en los supuestos que se prevén en los puntos 3 y 4 del artículo 127 de la Loreg. En ellos se establece el veto a que reciban subvenciones formaciones que «incurran en alguna de las conductas previstas para la ilegalización de los partidos políticos» o a aquellos cuyas listas «incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o delitos graves contra las instituciones del Estado». Por tanto, la enmienda de AGE pretendería que opciones que incurran en estos supuestos sí pudiesen optar a la financiación estatal.

No es la primera ocasión en la que la posición de AGE con respecto al terrorismo genera malestar. Su reticencia a condenar la actividad de la banda Resistencia Galega es constante. De hecho, el líder de la coalición, Xosé Manuel Beiras, ha declarado en alguna ocasión que sus miembros tan solo «son chavales cuyo único objetivo es ejercer la indignación» .