Exconsejeros de NCG declaran que se les ocultaron las cuantías millonarias

El asesor legal de Novacaixagalicia, Ricardo Pradas, imputado como colaborador necesario en el caso de las indemnizaciones que se embolsaron cuatro exdirectivos de la caja gallega, recomendó hacer una dotación ante su eventual desistimiento. Así lo aseguró este viernes, en la quinta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional la que fuera integrante de la comisión de retribuciones, Pilar Cibrán. «Este órgano acordó —dijo— lo que el señor Pradas aconsejó», que era hacer un aprovisionamiento, pero sin especificar cuantía alguna.

Cibrán fue una de las seis testigos que ayer declararon ante el magistrado Alfonso Guevara , la Fiscalía y las partes personadas. Y pese a que le costó recordar muchas de las cuestiones —se ha visto sometida a una fuerte medicación y aislamiento tras una enfermedad—, insistió en que hasta que los miembros de alta dirección, ahora en el banquillo de los acusados, comunicaron su salida el consejo no conoció las cantidades acordadas. Un total de 18,9 millones de los que la retribución más alta, 7,7 millones , correspondieron a José Luis Pego; 691.261 euros en el caso de Óscar Rodríguez Estrada; 4,8 millones en el de Gregorio Gorriarán; y 5,65 millones para un cuarto directivo, Francisco Javier García de Paredes, director adjunto de NCG.

Testimonio que fue ratificado por otro de los consejeros, Juan Ramón Iglesias, quien aseguró que en el consejo del 25 de agosto de 2011 —los contratos fueron firmados en octubre de 2010, dos meses antes del nacimiento de Novacaixagalicia— «no se aprobó la cuantía, sino solo la dotación, porque la comisión de retribuciones no la mencionó» . En la misma línea, Javier Francisco Caínzos coincidió en que supo de las millonarias prejubilaciones por la prensa, pues en ningún consejo se habló «del importe de las retribuciones ni condiciones». A preguntas de la sala, reconoció que no insistió en conocerlas porque, según dijo, confiaba en la legalidad de los contratos y por eso votó a favor. Además, «había informes favorables del Banco de España».

La socialista Mar Barcón, consejera hasta octubre de 2011, afirmó que «siempre se dijo que los contratos eran legales y que los conocía el supervisor bancario», que «no eran cantidades fuera de lo normal, sino proporcionales al resto de la plantilla» . Como consejera negó tener conocimiento sobre unas indemnizaciones que calificó de «desproporcionadas, inadecuadas e ilógicas, dada la situación de la entidad». En los mismos términos se pronunciaba la también dimisionaria Ángeles Marra. Tapar su agujero costó a las arcas públicas unos 9.042 millones .

En un último turno, el que fuera copresidente junto a Julio Fernández Gayoso —la Fiscalía pide en su caso como colaborador la misma pena de tres años de cárcel que al resto de imputados— también confirmó que el Banco de España «estaba al tanto de todo, porque auditaba todos los años las cuentas y se mostraban los contratos de alta dirección en todas las inspecciones» . Mauro Varela reconoció que había rumores que apuntaban a que algunos de estos exdirectivos «no estaban satisfechos» y, pese a que querían continuar en la nueva entidad, no descartaban «hacer uso de la cláusula de desistimiento». La vista se retomará el 17 de junio con interrogatorios a los testigos.