Un consejero propuso a la excúpula renunciar a parte de la prejubilación

«No hubo ningún planteamiento, ni antes ni en ningún momento, de mejorar los derechos de los altos directivos», señaló Óscar Rodríguez Estrada, quien durante su declaración en la cuarta sesión del juicio contra la excúpula de Novacaixagalicia, respaldó la tesis defendida en las jornadas previas por el resto de acusados. «Los contratos fueron un corta y pega de los ya teníamos, por lo que se trató de una continuidad o una prórroga», defendió quien fuera el responsable de la oficina de integración.

En su caso y al contrario que sus compañeros en el banquillo, este exdirectivo sí reconoció que su intención era la de marcharse. Es más, fechó su salida de la caja fruto de la fusión de las extintas Caixanova y Caixa Galicia en junio de 2011. Era el acuerdo al que había llegado con los máximos responsables de la entidad cuando les manifestó su intención de prejubilarse. «Me pidieron que continuase y acepté», señaló. Los contratos de alta dirección cuestionados, y por los que los financieros gallegos se embolsaron en conjunto 18,9 millones de euros —691.261 euros recibió Rodríguez Estrada como indemnización—, fueron firmados en octubre de 2010, dos meses antes del nacimiento de NCG.

Sus razones para no querer continuar las ofrecía el exdirectivo a la Audiencia Nacional este jueves. Rodríguez Estrada explicó que consideraba que era un proyecto a largo plazo en el que «poco podía hacer en el final de su carrera». En el tramo de los 60 años, sus contemporáneos ya se habían prejubilado.

Respecto a la elaboración de los borradores de los contratos adaptados al pacto laboral de la fusión, negó que alguien le hubiera dado indicaciones más allá de que cumplieran la «legalidad y que no se introdujera ningún nuevo derecho ni mejora», punto en el que coincidió con el asesor legal de NCG, Ricardo Pradas , para quien la Fiscalía pide, en calidad de colaborador necesario, la misma pena de tres años que para el resto de imputados. De hecho, Rodríguez Estrada confirmó que envió los contratos al departamento de inspección del Banco de España para que los revisase , extremo que defendió el miércoles el expresidente de la entidad, Julio Fernández Gayoso.

Tras él, el exconsejero y uno de los vicepresidentes de NCG Salvador Fernández Moreda —dimitió en agosto de 2012— abrió la ronda de testificales. Durante su comparecencia confirmó que el consejo no supo del desistimiento de los directivos hasta el 13 de septiembre, un día antes de la bancarización. Hasta entonces siempre que se preguntaba por su salida «se dijo que no». Un mes después fue cuando se aludió a los 28 millones, noticia publicada ya en la prensa, que supuso la marcha de José Luis Pego, Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, indicó. Al igual que el consejero por el sindicato de la banca Csica, Miguel Aragonés, Fernández Moreda nunca cuestionó la legalidad de los contratos, pero trató sin éxito —expuso— de que los exdirectivos devolvieran parte de su prejubilación.