Un cambio de postura acertado

Nadie autorizaría hoy a Ence a instalarse en Lourizán —hay lugares con menor impacto— pero la factoría está donde está desde 1957, representa un 13% del PIB de la ciudad del Lérez y emplea directamente a 200 personas, sin contar a los transportistas y a los trabajadores del puerto de Marín, que dependen en gran medida de la papelera. En 2018 expira su permiso de ocupación de dominio público y ya han dejado claro que un traslado es inviable; o se quedan o cierran.

Nadie con dos dedos de frente los obligaría a marcharse ahora —con un paro del 30% en Pontevedra— salvo su alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, que sí es partidario de darles la patada. Desde el BNG lo animan y van a reclamar en el parlamento que se recuperen esos espacios «para el disfrute ciudadano». ¿Para quiénes? ¿Para los que se van a quedar sin empleo?

Puestos a echar empresas podríamos también recuperar para la ciudadanía el espacio que ocupa Citroën en Vigo, el de Navantia en Ferrol o el de Inditex en Arteixo. También los terrenos de Coren de Orense y el puerto de San Cibrao: todo para el ciudadano, que viviría en ese mundo ideal que pretenden los nacionalistas, de magníficos paisajes y sin empresas que creen trabajo.

En el caso de Ence le reprochan al PP que haya cambiado de postura —en las autonómicas de 2009 apostaban por el traslado—, y olvidan que la legislación ahora permite una nueva moratoria: la Xunta sólo tiene que analizar si cumple o no con los requisitos ambientales. Además los populares van a contar con el apoyo de la candidata de Ciudadanos —exmilitante del PSOE— que ya se ha declarado favorable al mantenimiento de los puestos de trabajo.

Al argumento de que la papelera destruye más empleo del que crea se le puede dar la vuelta; es el momento de pedirles que reduzcan emisiones, y que aumenten negocio y plantilla a cambio de quedarse donde están. Necesitamos políticos que trabajen para atraer empresas, no que se empeñen en expulsarlas por motivos políticos.