Sacristán, el «amigo» del constructor
La confesión de que el alcalde de Culleredo avaló a un constructor genera dudas tras saberse que el Concello le adjudicó obra pública
Tardó dos días en que se le escuchara dar explicaciones de su propia voz. Lo hizo en una rueda de prensa solitaria, casi lúgubre, con un indisimulado nerviosismo. Julio Sacristán de Diego, alcalde de Culleredo desde hace 32 años y líder provincial del socialismo coruñés desde el pasado diciembre, reconocía públicamente lo que ABC venía publicando desde el martes: que había avalado a un promotor un préstamo de 1,3 millones de euros para la realización de un proyecto urbanístico en La Coruña . La extrañeza provenía del escaso patrimonio reconocido por el propio alcalde con el que respaldar su aval: un piso, un coche y dos plazas de garaje, junto a su sueldo municipal. Su confesión no sólo no zanjó la cuestión sino que generó todavía más dudas: rubricó ese aval «porque es un amigo, y yo soy amigo de mis amigos» . «¿Por qué hay que renegar de los constructores?», se preguntó tras insistir una y otra vez en que todo el proceso era legal y en que él sólo había presentado su declaración de la renta para firmar el aval.
Su «amigo» el constructor es Antonio Peñaranda, conocido en Culleredo y de su entorno más próximo, junto con otro nombre propio de la noticia: José Antonio Herguedas de Diego, el primo del alcalde. Los tres nombres se combinan en una sucesión de casualidades. Entre 2009 y 2010, Obras y Servicios Proa, constructora de Peñaranda, recibe cuatro adjudicaciones del Concello de Culleredo por valor de 455.000 euros, gracias a procedimientos negociados, esto es, después de ser invitado por el consistorio a los concursos de estas obras. Por aquellas mismas fechas, concretamente hasta agosto de 2011, Peñaranda tenía como socio mancomunado en otra empresa al primo del alcalde , Herguedas de Diego. Esa otra empresa es Portadego 2002 SL, a la que Julio Sacristán avaló en febrero de 2013 por valor de 1,3 millones de euros. Una sucesión de circunstancias que para la oposición en Culleredo está lejos de ser casual. El martes, el PP local exigió más explicaciones al alcalde, principalmente por los intereses urbanísticos de Portadego 2002 en el municipio. Mañana lunes hay convocado un pleno extraordinario de la corporación local, y éste será el tema estrella .
El regidor cullerdense intentó restarle entidad a la noticia, aclarando que sobre el préstamo está constituida una hipoteca con unos bienes, y que él no responde por los 1,3 millones de euros avalados, sino por la diferencia entre el crédito total y el valor que tengan esos bienes. «Yo no tengo cuentas en Suiza ni patrimonio oculto», alegó, «se están pagando las cuotas y todo marcha bien».
El presidente de la Xunta medió en esta polémica desde la sala de consellos. «Es un caso de excepcional importancia jurídica y política», avisó, «bien valdría la pena que el partido diese una respuesta clara y, al menos, concretase si son reales o no». Tras la publicación de las adjudicaciones a Obras y Servicios Proa, el silencio de Sacristán ha vuelto a ser total.
Clínica familiar
Los problemas del alcalde con su entorno no acaban aquí. El más notorio fue la detención de su mujer, María Josefa Rodríguez Presedo, por un supuesto delito de fraude y falsedad documental relativo a la maquinaria de la Clínica O Burgo de la que es copropietaria. En 2012, Rodríguez Presedo denunció el robo de maquinaria de sus instalaciones, por el que su compañía de seguros la indemnizó con 18.000 euros. Sin embargo, durante un registro derivado de otra investigación que coordina el Juzgado de Instrucción número 4 de La Coruña, la Guardia Civil encontró ese material en su clínica, identificado mediante los números de serie. Tras informar ABC de la detención , Sacristán de Diego replicó que el asunto nada tenía que ver con su gestión como alcalde, que se circunscribía a su ámbito personal y que su mujer y él tenían separación de bienes. En febrero, el PP cullerdense desvelaba que el alcalde había abonado facturas a la clínica de su mujer, una circunstancia prohibida expresamente por la normativa estatal de contratación pública.
En su artículo 60.1.f, el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público establece que la prohibición de contratar «se extiende a los cónyuges». En la documentación facilitada al resto de grupos municipales, el PP señalaba una serie de trece facturas entre los años 2003 y 2011 por un volumen total de cerca de 7.000 euros, una cantidad muy menor pero que vulneraría la legalidad. «No son expedientes de contratación que tienen un proceso y pasan por el escrutinio público», explica Antonio Cañás, portavoz de los populares, «sino facturas que se meten por registro y de las que no se da publicidad y no trasciende su contenido». Por eso Julio Sacristán negó que se hubiera contratado con la clínica de su mujer, porque el procedimiento fue otro, aunque sí hubo un lucro para la sociedad de su cónyuge, a juicio del PP.
Indirectamente, la Clínica O Burgo se beneficia del consistorio cullerdense. Una prueba es el servicio de revisiones médicas a los empleados municipales, que se licitó a través de concurso público por valor de 14.000 euros. En su pliego, el Concello establecía como exigencia que las aseguradoras sanitarias aspirantes tuvieran «como mínimo dos centros acreditados» en «un radio máximo de 25 kilómetros desde la casa consistorial». Todo legal, evidentemente. Pero, ¿cuántas aseguradoras tienen más de un centro cuando, en su mayoría, disponen de una instalación propia en La Coruña? Entonces, ¿cómo pudieron presentarse al concurso? Negociando y acordando previamente incorporar Clínica O Burgo como centro asociado dentro de sus respectivas ofertas. De este modo, las instalaciones de la mujer del alcalde no optan al concurso, pero tampoco lo necesitan para beneficiarse del mismo, por obra y gracia de esa cláusula. Y efectivamente, son las dependencias utilizadas por el grueso de los empleados municipales para sus revisiones médicas. Ni tacha de ilegalidad.
Malestar en el PSOE
Los socialistas coruñeses, una familia generalmente mal avenida, no ocultan su sorpresa ante la sucesión de informaciones sobre Sacristán y en su entorno y se preguntan «qué necesidad tenía de saltar a la política provincial» alguien que lleva 32 años de alcalde y opta a la reelección. «La lupa se le ha puesto desde que accedió a la secretaría provincial», reconocen distintas voces. Además, su soledad fue visible ayer durante la celebración de la conferencia municipal del PSdeG-PSOE. Asistió como líder de los socialistas coruñeses, pero permaneció gran parte del tiempo en una «zona gris» rodeado de algunos de sus fieles. Su gesto apesadumbrado se hizo visible de forma constante, y aunque sus compañeros quisieron quitarle importancia, no dejó de generar comentarios paralelos durante toda la jornada.
Los dirigentes del PSdeG-PSOE no desean enfrentar problemas añadidos a los que ya tienen y tras mantener contactos con él, tras las informaciones publicadas por ABC , siguen inquietándose ante cualquier referencia a la gestión del alcalde de Culleredo. La única versión oficial es la comunicación que Sacristán ofreció, y la oficialidad no se aparta del guión confiando en que cualquier reventón que suceda a mayores tendrá la respuesta contundente de los órganos de dirección del PSdeG-PSOE.
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