La juez de la «Pokemon» pide investigar a 56 empresas y a 42 políticos y particulares

La juez Pilar de Lara vuelve a encender el ventilador de la sospecha y de nuevo lo hace a las puertas de unas elecciones. La última orden de la instructora de la «Pokemon» a los agentes de Vigilancia Aduanera es la de investigar a 42 políticos y particulares y unas 56 empresas de todos los ámbitos supuestamente relacionadas con la causa. En su último auto, con fecha del 22 de abril, la magistrada autoriza la aportación de cualquier informe que se estime de interés para la misma y que obre en las bases de datos de la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social.

El origen de esta petición se encuentra en un informe que habla de «posible tráfico de influencias relacionado con la presunta recomendación de personas realizadas por autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de La Coruña». Así, entre los nombres que De Lara facilita a Aduanas figuran el del regidor herculino, Carlos Negreira, y siete de sus concejales, y el del presidente de la Diputación, Diego Calvo. Ambos manifestaban ayer su total disposición a colaborar con la Justicia e incluso a facilitar ellos mismos los datos requeridos. También altos cargos del Ayuntamiento coruñés, en puestos de libre designación, e incluso personas de otros ámbitos como la prensa están bajo la lupa de De Lara. En la relación de investigados aparece además el nombre del candidato a la alcaldía de Orense por el PP, Jesús Vázquez.

En cuanto a las empresas, constan compañías adjudicatarias del Ayuntamiento, entidades deportivas de ámbito local y autonómico y algunas sin relación aparente con el caso. La magistrada, tras repasar los indicios de que «distintas autoridades, concejales y funcionarios» del Consistorio solicitaban a directivos de Vendex —en el epicentro de una supuesta trama de concesiones a cambio de favores— la contratación de personal en sus empresas, da esta autorización para recabar datos con la finalidad de «investigar el posible delito de tráfico de influencias y/o cohecho». De Lara atribuye algunos de estos movimientos a Julio Flores, teniente de alcalde de La Coruña, que no repite en las listas.

La «operación Pokemon», con varias piezas separadas —«Pikachu» en La Coruña y «Manga» en Santiago— supera el centenar de imputados, entre los que han dejado de figurar el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la diputada del PPdeG, Paula Prado.