«Si está arrepentido, Miñanco tendría que colaborar con la ley y desvelar lo que sabe»

La excarcelación la pasada semana del capo cambadés Sito Miñanco desencadenó la reacción de un buen número de colectivos dedicados a la lucha contra el tráfico de drogas en la Comunidad gallega. Una de las voces más autorizadas es la de Fernando Alonso, presidente de la Federación Gallega contra el Narcotráfico. Para él, el auto que libera al otrora «rey de la cocaína» de lunes a viernes para que éste vuelva al mundo laboral supone reabrir heridas que no han tenido tiempo a cicatrizar. Coincide Alonso con el escrito del juez al indicar que Miñanco es «corresponsable junto con otros grandes narcos de haber metido esa auténtica bomba en nuestra sociedad». Sin embargo, ve con cautela el arrepentimiento que se tuvo en cuenta para dar luz verde a esta polémica excarcelación.

«Para que ese arrepentimiento sea algo más que un acto administrativo debe ir acompañado de una colaboración estrecha con la Policía y la judicatura que ayude a desmontar entramados de tráfico de drogas», aconseja Alonso. Es más, en opinión del experto, a Sito Miñanco debería exigírsele una colaboración activa que ponga sobre la mesa todo lo que sabe, «quién, dónde, cuándo y cómo recibía la droga, en qué circuitos de lavado de dinero participaba y quiénes le limpiaban esos capitales procedentes de la venta de cocaína», enumera. Alonso también aboga por que ese arrepentimiento vaya de la mano de la devolución de los bienes que haya adquirido a través del tráfico ilegal de estupefacientes. Se trata de un tema esencial que evitaría, entre otras cuestiones, situaciones de impunidad cuando los narcotraficantes salen bajo fianza «y siguen paseando por las calles montados en sus deportivos de lujo».

Para atajar esta realidad, la plataforma que Alonso lidera firmó un convenio con el Gobierno gallego que permitirá gestionar de manera eficaz los patrimonios intervenidos a los grandes capos de la droga en Galicia. Por el momento, el acuerdo se circunscribe a los bienes móviles (caso de vehículos, barcos, mobiliario o equipos de sonidos) que podrían ser empleados, por ejemplo, en comedores sociales o entidades municipales para el beneficio social. El objetivo es evitar que estas propiedades adquiridas a través de operaciones ilegales se deprecien con el paso del tiempo y pierdan todo su valor sin llegar a producir un retorno social.

Entre las reivindicaciones de la plataforma que Alonso dirige destaca desde hace años la creación en Galicia de juzgados especializados en el tráfico de drogas a gran escala. Órganos que, en su opinión, aligerarían los tiempos en unos procesos que suelen ser muy largos y requieren de numerosos recursos humanos y materiales. «Igual que en la Policía hay unidades especializadas en el tráfico de drogas, lo mismo debería ocurrir en los juzgados para que la Justicia sea más eficaz y contundente», explica el presidente de la Federación gallega al referirse al «pequeño gran avance que hemos logrado en Galicia con la firma de este convenio sobre el patrimonio» que beneficiará a una ciudadanía todavía marcada por «el daño que esos personajes perpetraron entre una generación de jóvenes».

Pegado a la realidad de la calle, Alonso reconoce que la droga sigue siendo fácil de encontrar. «El mejor termómetro está en la calle y en ella sigue siendo accesible y al mismo precio. Esa es la verdad», lamenta.