El Gobierno da por zanjada la polémica del decreto del gallego

Tras el espaldarazo del Supremo al Decreto del Plurilingüismo, la Xunta da por zanjada la polémica sobre la lengua. Un debate que defiende «no debe ser objeto de luchas partidarias ni de judicialización». En la sentencia el Gobierno gallego ve «un punto y final», en palabras del conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Se abre así, manifestó, «un tiempo nuevo» en el que el representante autonómico confía en tener «una mayor tranquilidad para trabajar en favor de la lengua».

Pero las suyas no fueron las únicas palabras de este viernes en relación al fallo del alto tribunal, en el que desestima el recurso de casación presentado por la Real Academia Gallega (RAG) contra el pronunciamiento del TSXG que solo anulaba parte de dos de sus artículos. También lo hizo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para quien se trata del documento «más avalado jurídicamente». En clara sintonía con Rodríguez instó a los grupos políticos y a las organizaciones sociales a «no seguir discutiendo sobre aquello que está bien hecho».

En este sentido, invitó a todos los actores implicados y a aquellos que creen que «el gallego es la lengua propia de Galicia y que hay que protegerla y empezar a construir de nuevo sobre bases sólidas las políticas lingüísticas», para recalcar que el Supremo considera la norma «conforme a la Constitución, al Estatuto, la Ley de Normalización y la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias».

En su análisis Rodríguez fue un paso más allá. Según dijo, el alto tribunal confirma que el decreto, que supuso la introducción del inglés como lengua de impartición en los centros de Galicia junto con el gallego y el castellano, «no solo posibilita y permite una enseñanza equilibrada de las dos lenguas oficiales, sino que abre la puerta a una tercera».

Con ellos coincidía también en su valoración el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, al referirse a que «la política lingüística tiene que ser un lugar de encuentro» y que ésta debe ser hecha «en clave de país». «Nuestra mano siempre está tendida a todas las administraciones e instituciones», aseguró para, acto seguido, remarcar la importancia de «colaborar en un proceso que tiene que ser de la sociedad pensada conjuntamente».

«Con esta sentencia [...] se cierra todo el recorrido procesal de un decreto que, desde que fue promulgado, llevaba cinco años bajo tutela judicial», relató García. Y es que frente a las pretensiones de la RAG de que se anulase la norma, ésta sale reforzada. La resolución del Supremo recoge textualmente, respecto a la protección de la lengua, que «la lectura del decreto recurrido no permite en modo alguno identificar en qué aspectos existe una vulneración o un desconocimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias de 1992». Y es contundente al sentenciar, en cuanto a la paridad horaria o la distribución de materias, «que no pueden cualificarse como arbitrarias, ilógicas o contrarias al Estatuto y Ley de Normalización Lingüística».