Ella, la juez

Pilar de Lara es una profesional en lo suyo, que es el márketing judicial, porque la cosa de la investigación parece que no va muy bien últimamente. Esta semana ha sido más noticia su pataleta porque amagaban con retirarle dos funcionarios de apoyo de su juzgado que los dos autos del Tribunal Supremo cuestionando esos escándalos de supuestas corruptelas que tiene la habilidad de encontrar hasta debajo de las piedras.

Y no es casual que esa amarga queja se produzca coincidiendo con el pronunciamiento del Supremo. Los dos autos son una enmienda a la totalidad a la investigación de la juez. Porque vienen a decirle que donde ella ve mayúsculos delitos de cohecho por sobornos a políticos no hay nada de nada. Y no es que el Tribunal haya sentado nueva doctrina para replicar a De Lara, sino que se limita a recordarle la ya existente —y que supuestamente debería conocer— y a leerle el tenor literal de artículos del Código Penal.

Pero la opinión pública, intoxicada debidamente, compra su versión. El modus operandi es brillante, si se mira con perspectiva. Su juzgado investiga una causa, aparece casualmente filtrada en un periódico —siempre el mismo, claro—, se amplifica por los demás, se genera un estado de opinión y cuando el Tribunal Supremo u otro juzgado ponen las cosas en su sitio, entonces se la sitúa como víctima de un sistema que protege a los corruptos. La perversión perfecta de cómo debería funcionar la estructura judicial.

Aunque se empeña en engordar la madeja, lo cierto es que la «Pokemon» se le deshilacha. Del ridículo por la imputación de oídas del alcalde de Ferrol pasamos al archivo de causas en Santiago o a la devaluación de la pieza contra Paula Prado en el TSXG, hasta llegar a la contundente respuesta dada por el Tribunal Supremo.

Ella, inasequible al desaliento, se enreda en asuntos que no son de su jurisdicción, como la financiación del PP de Orense o la trama Pikachu en La Coruña. Como si en una y otra ciudad no hubiera compañeros de profesión tan competentes como ella. Quizás si se dedicara a investigar lo que sí es de su competencia territorial no necesitaría pedir refuerzos. Pero entonces no tendría motivos para justificar retrasos y errores, ¿verdad?