El Parlamento dará voz a las preguntas que los ciudadanos planteen a la Xunta

El pleno del Parlamento gallego aprobó ayer la tramitación de la ley que regulará las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) y la participación ciudadana en la Cámara autonómica. El grupo del PP, que sustenta al Gobierno, fue el impulsor de este proyecto, que nace con la voluntad de favorecer una aportación de la sociedad civil gallega «más plural e intensa» a la actividad del poder legislativo autonómico y aunar las diferentes formas de implicación ciudadana en una misma regulación. Con tal fin, el texto propone dos mecanismos para incrementar la presencia de los gallegos en O Hórreo: las proposiciones no de ley y las preguntas.

Sobre el primero de ellos Galicia lleva meses dando pasos que se encaminan a buscar canales para hacer esta relación más fluida, como la puesta en marcha de una herramienta telemática denominada «Lexisla con nós» para que la ciudadanía pueda realizar sus consideraciones a los proyectos en trámite o en discusión o la reducción del número de firmas necesarias para que lleve a discusión una ILP. En relación a este tipo de propuestas, el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, destacó la «gran actividad» de los gallegos, ya que desde 2009 en el hemiciclo autonómico se han debatido diez de las doce registradas, y se han aprobado cuatro de ellas mientras en el Congreso de los Diputados sólo se han llegado a aprobar tres de las 82 presentadas desde 1982. En su defensa en la sede parlamentaria podrá participar a partir de ahora cualquier persona que formase parte del grupo promotor de la iniciativa o alguno de los al menos 10.000 firmantes necesarios para que sea admitida para su debate.

El otro gran punto de la nueva ley, ya anunciado y ahora convertido en realidad, es el relativo a las preguntas que la ciudadanía podrá formular a los parlamentarios por medio del cauce administrativo establecido. Cualquier persona, tanto física como jurídica, que acredite su identidad y firma podrá dirigir demandas al Parlamento gallego con el ruego de que sean transmitidas al Ejecutivo. Una vez recibidas, la Mesa de la Cámara se pronunciará sobre si son o no admisibles y, superado este trámite, quedarán depositadas en el Registro. Allí estarán a disposición de los diputados que quieran asumirlas como propias para ser contestadas de forma oral o escrita.

Tras la exposición inicial de Pedro Puy, los diferentes grupos de la oposición pusieron sobre la mesa cuestiones de diversa índole. El portavoz socialista, José Luis Méndez Romeu invirtió buena parte de su tiempo de intervención en realizar apreciaciones sobre la contextualización del debate y los puntos en los que entran en conflicto la concepción de democracia representativa y democracia participativa. El BNG hizo lo propio con la expulsión en la anterior sesión de la diputada Carme Adán debido a un acto de protesta por el reparto de preguntas en la sesión de control que dejará sin turno en la de hoy al grupo nacionalista. Sobre esto, Francisco Jorquera señaló que «con tanta participación pueden pasarse de frenada si pretenden dar voz a los ciudadanos y quitársela a los miembros de la Cámara». El diputado de AGE, Ramón Vázquez, tiró del habitual repertorio de eslóganes rupturistas para desacreditar una vez más al hemiciclo gallego y a los representantes elegidos democráticamente que lo conforman tachándolo de «timocracia» o de «simple ritual para que las elites sigan gobernando».

La respuesta a tales afirmaciones por parte de Pedro Puy se limitaron a recordarle a Vázquez que él «en tanto que es diputado, también es parte de la elite» y zanjó las consideraciones que se pudieran hacer al texto en la fase de discusión ironizando sobre que «si los grupos se dedican a hablar de otros temas, será que el proyecto no debe de tener nada que añadir».