Ley Gallega de transparencia
Multas de hasta 12.000 euros a altos cargos que mientan sobre sus bienes
Durante el mes de julio, se presentará ante el Rexistro de Bens Patrimoniais copia de las declaraciones tributarias
Destitución, en los casos más graves, y multas que oscilan entre los 6.000 euros de mínima y 12.000 de máxima. Es la sanción que recoge la futura ley de transparencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, respecto a los altos cargos de la Xunta que cometan infracciones en materia de incompatibilidades y conflicto de intereses. Igualmente, contempla la obligación de restituir, si es el caso, las cantidades percibidas indebidamente en la forma que se establezca reglamentariamente.
La norma determina que los altos cargos deben declarar su patrimonio al asumir y cesar en un puesto y determina, además, que, anualmente, durante el mes de julio, se presentará ante el Rexistro de Bens Patrimoniais copia de las declaraciones tributarias correspondientes al IRPF y al impuesto sobre el patrimonio neto en el caso de que exista la obligación de presentarlo ante la Administración tributaria.
En esta coyuntura, el apartado de sanciones muy graves, señala que si hubiera daño manifiesto a la Administración autonómica, no se presentasen las declaraciones a las que obliga la norma, pasados seis meses desde la toma de posesión o desde el cese, o se hubiese mentido o falseado datos, los infractores podrán ser inhabilitados para ocupar cualquiera de los puestos incluidos en el ámbito de aplicación de este título durante un periodo de entre cinco y diez años.
La sanción por infracción grave comprenderá la obligación de restituir, si es el caso, las cantidades percibidas indebidamente en la forma que se establezca reglamentariamente. También estarán sometidos a la posibilidad de inhabilitación y a una multa de entre 600 y 6.000 euros.
Por su parte, las infracciones leves, serán sancionadas con una amonestación.
El Consello impondrá la sanciones graves
El régimen de infracciones y sanciones de la norma, cuyo detalle estaba pendiente de conocer, determina que el procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por iniciativa propia, bien como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia ciudadana.
A su vez, el órgano competente para la ordenar la incoación dependerá del caso y también variará el de instrucción y de imposición de las sanciones.
Así, la competencia sobre la imposición de las sanciones muy graves quedará en manos del Consello de la Xunta, que integran el presidente y sus conselleiros, mientras que en los casos graves y leves se encargará la persona competente para su incoación.
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