Galicia introduce controles de calidad en sus servicios públicos

El otro texto legislativo discutido y aprobado por el Parlamento autonómico en la jornada de ayer fue el que regula la calidad de los servicios públicos y de la Administración autonómica. El espíritu de la norma es el de reconocer el derecho de los ciudadanos a recibir una atención que satisfaga sus necesidades y garantice la resolución de los problemas por los que deba acudir a la misma, así como también podrán participar de su evaluación. La encargada de presentar la propuesta del grupo popular fue la diputada Paula Prado, que subrayó que la gallega será la primera Comunidad española en implantar estándares mínimos de calidad y el pago por objetivos como modalidad preferente en la prestación de sus servicios. En opinión de Prado, la nueva regulación abre el camino para una que esta oferta sea «más ordenada, más planificada y con mayores garantías». En el mismo sentido, la parlamentaria popular señaló que otro de los avances es que a partir de ahora se podrán establecer mayores controles a los contratistas que trabajen con el Ejecutivo regional, ya que se les podrá sancionar en caso de que no cumplan la normativa laboral con sus trabajadores y o si no atienden a las quejas de los usuarios.

Sobre las adjudicaciones de los contratos, Prado apuntó que «no pueden ser cheques en blanco» y que se reincidirá en la publicidad y la transparencia tanto en la evaluación de sus concesiones, como en el cumplimiento de los mismos una vez se encuentren en funcionamiento, pues matizó que «no sólo es importante una buena oferta, sino también su ejecución».

La mayor controversia en el debate de las propuestas de los grupos radicó en que la oposición culpó a los populares de presentar un proyecto «privatizador» de los servicios que se contemple que pueden ser prestados por las empresas. A este respecto, Prado subrayó que la gestión indirecta no es perjudicial para los ciudadanos, y recordó a la oposición que tanto el servicio provincial de bomberos de Lugo —con un gobierno del PSOE y BNG— y la asistencia al hogar del municipio de Teo —con regidor de Anova— se ofrecen con esta fórmula «sin que haya protestas de sus partidos».

A pesar de que el proyecto saldría adelante con el apoyo solitario del PP, su defensora alabó la «actitud de consenso» tanto de BNG como de AGE en la fase de negociación, que permitieron con sus modificaciones «mejorar el texto». No aconteció lo mismo con la representante socialista en el proceso, Beatriz Sestayo, a la que afeó su actitud. Al parecer, tras ser incorporadas peticiones de su grupo, la respuesta de Sestayo fue abstenerse de apoyar sus propias enmiendas.