La Xunta descarta preocupación por el futuro laboral de la empresa Monbús

Tras un fin de semana maratoniano en los juzgados de Lugo con la declaración del dueño de Monbus y de dos militares imputados, los agentes de Vigilancia Aduanera dedicados a la «operación Cóndor» se afanan ahora en analizar toda la documentación intervenida en el marco de la investigación. El operativo, dirigido por la juez Pilar de Lara, trata de disipar las condiciones en las que Raúl López consiguió varios contratos para el transporte de militares para la empresa que dirige.

Finalizada la intensa ronda de declaraciones, los diez detenidos el pasado jueves —seis en Galicia y dos en Madrid— quedaron en libertad. Los únicos que tuvieron que abonar una fianza para evitar la prisión fueron el propio López y su yerno, para quienes De Lara fijó 20.000 y 15.000 euros respectivamente. Al margen de los arrestos, los agentes encargados del caso incautaron 1,3 millones de euros que aparecieron en dos hoteles de Sanxenxo y 80.000 euros encontrados en el vehículo del propietario del grupo Monbus y presidente del club de baloncesto Obradoiro.

A propósito del estado de la empresa de transportes dirigida por López, este lunes fuentes de la compañía aclararon que ésta sigue operando con «total normalidad» tras los arrestos. Por su parte, desde el Gobierno gallego manifestaron ayer que no existe una «especial preocupación por el futuro económico» de Monbus, ni tampoco por el futuro laboral de los empleados de la compañía con sede en Lugo. «Estamos hablando de un proceso de investigación judicial, no hablamos de un concurso de acreedores ni de una empresa que, en un momento dado, tenga un problema de solvencia», afirmó la conselleira de Traballo, Beatriz Mato. Por el momento, tampoco hay planes para revocar el puesto de Raúl López en el Consello Social de la USC.