El PP de Vigo exige a Caballero un pleno tras las nuevas imputaciones

Las imputaciones judiciales contra tres altos funcionarios del ayuntamiento de Vigo provocaron ayer la reacción inmediata del PP. La oposición considera que el alcalde y el gobierno municipal están en la obligación de «dar explicaciones urgentes y contundentes» sobre la situación generada en el ayuntamiento tras conocerse la imputación de los dos últimos interventores, un jefe de servicio y la cuñada de la primera teniente de alcalde por la presunta comisión de delitos relaciones con posibles contrataciones irregulares.

Las constantes denuncias de la oposición y de asociaciones cívicas, transformadas ahora en una investigación judicial , provoca que la oposición no se resigne a estar con los brazos cruzados. Desde el PP consideran «urgente» que el alcalde ofrezca a los ciudadanos «las explicaciones oportunas» y apuntan que el foro adecuado para una comparecencia de este tipo es el pleno de la corporación.

La decisión judicial de poner la lupa sobre el consistorio olívico por una supuesta trama de enchufes, denunciada por varios colectivos, está salpicando ya a la estructura municipal. Desde el punto de vista político es especialmente llamativo la derivación que puede tener para la mano derecha de Abel Caballero, la diputada y concejala, Carmela Silva, el hecho de que su cuñada trabajase en la gestión de los centros cívicos del ayuntamiento. Según acusa la plataforma Xuntos, la cuñada de Silva pudo «haber ido a trabajar tres meses y cobrar un total de cinco anualidades».

El nuevo salto en la investigación implica a dos funcionarios de habilitación nacional y a otro municipal. A todos ellos se les investiga por un delito de prevaricación administrativa. Prestarán declaración ante el juez instructor el próximo día 26.

Mientras las investigaciones judiciales empiezan a merodear en el entorno de la Plaza del Rey, Abel Caballero, guarda silencio. Las continuas exigencias de explicaciones por parte de la oposición no han tenido más respuesta que la expulsión del partido del exregidor y crítico, Carlos Príncipe, que denunció públicamente las posibles irregularidades en las contrataciones del concello. Tampoco en la dirección gallega hacen comentarios y se limitan a observar desde una prudente distancia lo que ocurre.