La Ley de Empleo Público se tramitará a pesar del rechazo de la oposición

Los votos favorables del grupo parlamentario popular han permitido este martes que se garantice la continuidad en la tramitación de la Ley de Empleo Público de la Xunta que, en palabras del nuevo conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez , dota a la administración gallega de un marco «común, flexible y estable» para la actividad de los 120.000 empleados a los que regula. Además de las medidas sociales y relativas a la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores que anunciaban este lunes Paula Prado y Pedro Puy, Martínez ha subrayado otros puntos novedosos como la reserva de un 2% de los puestos en nuevas convocatorias para discapacitados intelectuales, la implantación de criterios de evaluación del desempeño profesional de los trabajadores o la funcionarialización de algunos colectivos de empleados fijos.

Los grupos de la oposición han propuesto en sus intervenciones enmiendas a la totalidad del proyecto esgrimiendo diferentes argumentos. La diputada socialista Beatriz Sestayo ha criticado que supone una «invasión de la autonomía» de las administraciones locales para establecer las condiciones de trabajo de sus empleados. Por su parte, la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz ha acusado al PP de querer «privatizar el Estado» y centrado su análisis en cuestiones como la «no inclusión de lenguaje no sexista» en la redacción del texto, un hecho en el que reincidiría la miembro del grupo mixto, Consuelo Martínez, que también ha aprovechado su turno para enviar su apoyo a la huelga de hambre convocada por trabajadores de Povisa. En su caso, la parlamentaria nacionalista Tereixa Paz ha denunciado que con la nueva legislación «se extermina el gallego en la administración pública».

El sindicato nacionalista CIG ha presentado también en O Hórreo una Iniciativa Legislativa Popular que aboga por la «restitución» de las condiciones laborales de los profesores gallegos, en las que exigían también una subida de salario, entre otras medidas. Con el apoyo de todos los grupos de la oposición, la bancada popular ha rechazado la propuesta por entender que se trata de «una enmienda a la totalidad del sistema educativo gallego», según ha señalado la diputada Marisol Piñeiro, que ha añadido que «las reformas tienen la legitimidad que otorga la sociedad al Gobierno autonómico con su mayoría absoluta». Piñeiro ha incidido en cuestiones como la negativa a asumir el «monolingüismo en gallego» que propone la CIG o que Galicia cuenta con el modelo educativo «más equitativo de España y Europa».